Por cadena de mando habría ordenado el homicidio de dos firmantes de paz en Caquetá por supuestamente estar en contra de los intereses de la organización ilegal.
Una investigación adelantada contra los autodenominados‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, con presencia en Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila y zona fronteriza con Ecuador, permitió imputar nuevos cargos a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Bonito o Boni, señalado máximo cabecilla de esa estructura armada, por homicidios contra firmantes de paz.
Las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que esta persona tendría a su cargo cerca de 100 integrantes del grupo armado ilegal, a quienes presuntamente impartía órdenes para perpetrar acciones de constreñimiento, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos, con el fin de apoderarse de la pasta base de coca y controlar las rutas del narcotráfico en esa región del país.
En ese sentido, alias Bonito habría dispuesto el asesinato de dos firmantes de paz, en medio de señalamientos de que actuaban en contra de los intereses de la organización y como método de presión para consolidar su capacidad intimidatoria.
El primer hecho que se le atribuye corresponde al homicidio de Luis Alberto Laguna, ocurrido el 2 de octubre de 2020 en la vía que comunica a Morelia con Valparaíso (Caquetá). Ese día, un grupo de hombres armados que se movilizaba en motocicleta interceptó a la víctima cuando se desplazaba en un vehículo y le disparó causándole la muerte poco después de su ingreso a un centro asistencial.
El segundo evento delictivo corresponde al crimen del firmante Jorge Riaño Ramos, el 15 de noviembre de 2020.Hombres de los ‘Comandos de Frontera’ llegaron hasta su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia (Caquetá), y lo atacaron con fusiles mientras se encontraba en estado de indefensión.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.
Bastidas Bravo permanece privado de la libertad desde agosto pasado, luego de ser capturado en zona rural de Guamal (Meta) y judicializado por su presunta responsabilidad en crímenes contra líderes sociales y firmantes de paz en Putumayo.
Esta captura fue materializada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo estratégico de la agencia estadounidense DEA, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional.
