Para el ente acusador, Tapia habría manejado todas las instancias del contrato desde la U.T. Centros Poblados y promovió las falsedades presentadas.
La fiscalía reveló que las mismas falsedades utilizadas por el contratista (seguros y pólizas), en el contrato de la U.T. Centros Poblados, eran los mismos que pretendía utilizar para un proceso de contratación con la Empresas Municipales de Cali, Emcali.
En el desarrollo de la audiencia preliminar de medida de aseguramiento, la fiscalía sostuvo que Tapia era el que movía los hilos de toda la contratación con el Mintic, en cabeza de la Unión Temporal Centros Poblados, y cuyo representante legal es Luis Fernando Duque, también procesado por los mismos hechos.
“Estamos hablando que la consecución de las garantías bancarias, fueron para los meses de octubre y diciembre de 2020, lo que tiene que ver con el contrato de EmCali, se adelantó este año, 2021. Es claro que antes que saliera todo el escándalo de la caducidad por las garantías falsas, era importante utilizarlos en otros tipos de contrato y no escatimaron en gastos a la hora obtener estos documentos falsos, allí podemos hablar de una posible continuidad de la acción delictiva”, dijo la fiscal.
El ente acusador aseguró ante el juez, que Emilio Tapia promovió la presentación de pólizas y seguros falsos, de esta manera poder “cumplir” con la totalidad de los términos de la adjudicación del contrato del Ministerio de las TIC, lo que indujo al error a los funcionarios de dicha cartera para quedarse con el contrato de la conectividad de escuelas y colegios de poblaciones alejadas del norte del país.
“Al estar estas personas privadas de la libertad el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados”, dijo la fiscal.
En esta cita ante el juez 53 de control de garantías Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, se declararon inocentes de los cargos de fraude procesal y falsedad en documento privado, que les imputó la Fiscalía.
Para la Fiscalía es necesario proteger los bienes jurídicos que fueron afectados por los ahora imputados y que confirman una inferencia razonable en los delitos de falsedad y fraude procesal.
