La exasesora colombo-española fue citada para el 21 de octubre en una investigación abierta tras la denuncia de un congresista del Centro Democrático. Las grabaciones divulgadas contienen señalamientos sobre Verónica Alcocer, presuntos manejos de dinero, contratos e influencias en entidades estatales que deberán ser examinados por la justicia.
El escándalo por los audios de Eva Ferrer sobre el funcionamiento interno del Gobierno de Gustavo Petro entra en una nueva etapa. La Fiscalía General de la Nación citó a la exasesora colombo-española a una diligencia programada para el miércoles 21 de octubre, en el marco de una investigación originada por una denuncia presentada por un congresista del Centro Democrático.
Según la información, la defensa de Ferrer confirmó que ella atenderá la citación de manera virtual. La diligencia se produce después de que el medio publicara grabaciones en las que la exasesora hace afirmaciones sobre presuntos movimientos de dinero, contratos, nombramientos, influencias en organismos del Estado y el papel que habría tenido el círculo de la entonces primera dama, Verónica Alcocer, durante la campaña presidencial y los primeros años de la administración Petro.
El proceso adquiere relevancia por la gravedad de las acusaciones y por las personas mencionadas en los registros. Sin embargo, los señalamientos contenidos en las grabaciones no constituyen por sí mismos pruebas concluyentes de delitos. Corresponde a la Fiscalía establecer su autenticidad, verificar el contexto de las conversaciones y determinar si existen elementos que permitan sustentar responsabilidades penales.
Los señalamientos contra Verónica Alcocer
En los audios divulgado, Ferrer se refiere a Alcocer como la supuesta cabeza de una estructura que, según su versión, habría actuado alrededor de intereses económicos y políticos. También habla de presuntos negocios, nombramientos y relaciones con personas de nacionalidad catalana que, de acuerdo con su relato, habrían tenido influencia durante el Gobierno.
Uno de los fragmentos más controvertidos contiene una afirmación sobre la financiación de la campaña presidencial. Ferrer sostiene que a Alcocer le habrían entregado dos millones de euros y atribuye esa supuesta entrega a un hombre identificado como Manel. La declaración es un señalamiento de la exasesora y requiere corroboración documental y testimonial para establecer si corresponde a hechos verificables.
En las mismas grabaciones, Ferrer cuestiona los gastos personales de la entonces primera dama durante sus viajes a Europa y menciona una cifra de 50.000 euros mensuales. También expresa inconformidad con personas cercanas a Alcocer y alude a posibles negocios que, según su versión, habrían beneficiado a integrantes de ese entorno.
En una entrevista posterior con Vicky Dávila, Ferrer reiteró varias de sus acusaciones y describió a Alcocer como una figura que, en su opinión, habría ejercido influencia sin aparecer públicamente como responsable de determinadas decisiones.
Hasta ahora, las afirmaciones citadas no deben presentarse como hechos judicialmente demostrados. Su alcance dependerá de los elementos que puedan ser contrastados dentro de la investigación.
Una denuncia que abre el camino judicial
La citación del 21 de octubre está relacionada con el proceso abierto tras la denuncia de un congresista del Centro Democrático por el contenido de las grabaciones. La diligencia permitirá a la Fiscalía avanzar en el esclarecimiento de los hechos que motivaron la actuación, aunque la citación, por sí sola, no implica que Ferrer haya sido declarada responsable de alguna conducta delictiva.
Uno de los asuntos centrales será determinar qué información de los audios puede comprobarse, de dónde provienen las grabaciones y si los señalamientos cuentan con respaldo independiente. También será necesario establecer qué personas tendrían conocimiento directo de los hechos descritos y qué documentos podrían confirmar o descartar las afirmaciones sobre dinero, contratos y decisiones administrativas.
La controversia tiene además un componente político por las referencias a la campaña presidencial y al entorno de Petro. No obstante, cualquier conclusión sobre eventuales irregularidades deberá apoyarse en pruebas y en las decisiones de las autoridades competentes.
La comparecencia de Ferrer será un nuevo paso en un caso que ya trascendió el debate mediático. La pregunta de fondo es cuáles de sus afirmaciones podrán convertirse en hechos verificables dentro de un expediente judicial y cuáles no encontrarán sustento suficiente.
