La viuda del senador aseguró que la Fiscalía mantiene abierta la hipótesis de un posible crimen de Estado y denunció presuntas fallas en el esquema de protección de la UNP. También afirmó haber entregado información sobre supuestos recursos provenientes de Venezuela y una posible orden originada en el Congreso, señalamientos que deben ser verificados por las autoridades.
María Claudia Tarazona volvió a poner bajo presión a las autoridades encargadas de esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En una entrevista con Noticias RCN, la viuda del senador y precandidato presidencial aseguró que espera que la investigación avance hacia quienes habrían determinado el asesinato y lanzó una afirmación directa sobre Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Tengan la seguridad que Augusto Rodríguez va a ser imputado”, manifestó Tarazona, al referirse a las presuntas fallas en la protección que tenía su esposo antes del atentado.
La declaración apunta a una de las líneas más sensibles del caso: establecer si hubo omisiones institucionales que dejaron expuesto al dirigente político y si esas posibles fallas podrían generar responsabilidades penales. Sin embargo, una eventual imputación dependerá de las decisiones de la Fiscalía y de los elementos probatorios que encuentre para sustentarla. La afirmación de Tarazona no significa que Rodríguez haya sido imputado ni que exista una decisión judicial que determine su responsabilidad.
Las solicitudes de protección que, según Tarazona, fueron ignoradas
La viuda sostuvo que Miguel Uribe pidió en más de 25 ocasiones que se ampliara su esquema de seguridad. Según su versión, existen documentos que respaldarían esas solicitudes y que reposan en los archivos de la Fiscalía.
Tarazona cuestionó las versiones institucionales que, según ella, han negado o controvertido la existencia de esas peticiones. El punto central de esta denuncia consiste en establecer qué solicitudes fueron radicadas, cuáles recibieron respuesta, qué riesgos habían sido identificados y qué medidas se adoptaron antes del ataque.
Miguel Uribe fue baleado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en Bogotá. Murió el 11 de agosto, después de permanecer más de dos meses hospitalizado.
La investigación deberá determinar si las condiciones de su esquema de protección se ajustaban al nivel de riesgo que enfrentaba y si alguna actuación u omisión tuvo relevancia penal. Esa evaluación exige revisar los registros oficiales y las decisiones tomadas por los organismos responsables de su seguridad.
Los $4.000 millones que habrían llegado desde Venezuela
Tarazona también aseguró que recibió información documentada según la cual 4.000 millones de pesos habrían ingresado desde Venezuela para financiar el magnicidio. De acuerdo con su relato, el dinero habría cruzado la frontera en efectivo con autorización de comandos de frontera.
La viuda afirmó que el material entregado a las autoridades incluye referencias a un presunto integrante de la Segunda Marquetalia radicado en Caquetá y datos que apuntarían a que las instrucciones para cometer el crimen habrían surgido desde el Congreso de la República.
Se trata de acusaciones de enorme gravedad. Hasta ahora, con la información divulgada en la entrevista, no es posible dar por probado el origen de esos recursos, su destino ni la participación de personas vinculadas al Congreso. Corresponde a los investigadores verificar la documentación, identificar a quienes aparecen mencionados y contrastar las afirmaciones con evidencia independiente.
La existencia de una hipótesis investigativa tampoco equivale a una conclusión sobre la responsabilidad de una persona o institución.
La pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién ordenó el asesinato?
En el expediente ya hay condenas contra integrantes de la red que habría organizado y ejecutado el ataque. Entre ellos figuran Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, y Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘Chipi’ o ‘El Costeño’. Las decisiones judiciales han permitido reconstruir parte de la logística criminal, pero el esclarecimiento de los posibles determinadores sigue siendo uno de los puntos centrales del caso.
La información que Tarazona dice haber entregado podría abrir nuevas verificaciones si permite establecer vínculos, movimientos de dinero o comunicaciones relevantes. Según sus declaraciones, las evidencias fueron radicadas ante las autoridades semanas atrás y todavía no ve avances suficientes para identificar a quienes habrían ordenado el crimen.
La viuda también agradeció el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella a los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y aseguró que seguirá exigiendo respuestas.
El desafío para la Fiscalía es convertir las denuncias y los documentos recibidos en pruebas verificables. La investigación debe establecer si hubo fallas en la protección de Miguel Uribe, rastrear el presunto financiamiento y determinar si existieron responsables intelectuales más allá de quienes ya fueron condenados. Mientras esas comprobaciones no se produzcan, los señalamientos deben mantenerse en el terreno de las hipótesis y las denuncias atribuidas a sus fuentes.
