La senadora del Centro Democrático cuestionó el costo de los vehículos asignados a los esquemas de protección de antiguos integrantes de las Farc y pidió contrastar esos gastos con los compromisos pendientes de reparación a las víctimas del conflicto. La cifra es una estimación basada en costos mensuales reportados, no un monto anual confirmado como gasto ejecutado.
La discusión sobre el uso de recursos públicos para proteger a antiguos integrantes de las Farc volvió al centro del debate político. La senadora María Clara Posada aseguró que el sostenimiento de los vehículos asignados a sus esquemas de seguridad podría representar más de $226.000 millones al año y reclamó claridad sobre los costos que asume el Estado.
Según la congresista del Centro Democrático, información entregada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2025 daba cuenta de 1.272 vehículos destinados a 2.512 antiguos integrantes de esa guerrilla.
Para calcular el posible costo, Posada tomó como referencia una cotización que, según afirmó, la UNP presentó al Senado para el convenio de protección de 2026. De acuerdo con esos valores, las camionetas con blindaje nivel III y IIIA tendrían un costo promedio de $17 millones mensuales, mientras que los vehículos convencionales rondarían los $11 millones al mes.
La senadora sostiene que esos valores permiten dimensionar la carga económica que representarían los vehículos. Sin embargo, la cifra anual de $226.000 millones corresponde a una estimación construida a partir de esos costos y del parque automotor reportado. Para establecer el gasto efectivo sería necesario conocer la composición de la flota, los contratos vigentes, el tiempo de asignación de cada vehículo y los pagos realmente ejecutados.
El costo de los escoltas todavía no está incluido
Posada advirtió que el cálculo no contempla otros componentes de los esquemas de seguridad, como los salarios y viáticos de los escoltas. Según explicó, no dispone del valor de esos rubros porque la información está clasificada como reservada.
Ese punto abre otra discusión: cómo garantizar la seguridad de personas que se reincorporaron a la vida civil en el marco del acuerdo de paz y, al mismo tiempo, permitir que la ciudadanía conozca el destino de los recursos públicos.
La protección de excombatientes y firmantes de paz responde a obligaciones de seguridad y a compromisos derivados del proceso de reincorporación. La controversia planteada por Posada se concentra en el costo de esos mecanismos, la transparencia de los contratos y la proporcionalidad de los recursos destinados a sostenerlos.
Para dimensionar el gasto, también sería necesario que las autoridades precisaran cuántos vehículos están activos, cuáles requieren blindaje, qué servicios cubren y cómo se distribuyen entre los beneficiarios. Sin ese desglose, la cifra divulgada sirve como una alerta sobre el posible costo, pero no permite concluir por sí sola que todo ese dinero se haya pagado durante un año.
La reparación a las víctimas, en el centro del reclamo
La congresista relacionó el debate sobre los vehículos con los compromisos de las antiguas Farc de contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Como sustento, citó cifras atribuidas a la Contraloría según las cuales la antigua guerrilla habría entregado $46.194 millones para ese propósito. También señaló presuntos incumplimientos en la entrega de bienes: de acuerdo con los porcentajes mencionados por la senadora, no se habría entregado el 81,8 % de los inmuebles ni el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos.
Esas cifras deben analizarse dentro de los informes oficiales sobre inventarios, entrega, valoración y destinación de los activos. La comparación que plantea Posada pone sobre la mesa una pregunta de fondo: qué mecanismos existen para verificar el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales y qué consecuencias se aplican cuando los compromisos no se materializan.
La senadora también recordó una estimación publicada por Forbes en 2014, que situaba la fortuna de las Farc en 600 millones de dólares. Esa cifra corresponde a una estimación histórica y no demuestra, por sí misma, cuánto patrimonio conserva actualmente la organización ni qué bienes podrían destinarse hoy a reparar a las víctimas.
La exigencia de transparencia
Posada ha cuestionado además el manejo de recursos asociados a la implementación del Acuerdo de La Habana y ha criticado pagos relacionados con el cumplimiento de las sanciones de la JEP. Su reclamo apunta a que el Estado explique cuánto cuestan los esquemas de protección, cómo se contratan los servicios y qué resultados producen.
La discusión requiere distinguir dos asuntos: la obligación estatal de proteger a quienes enfrentan riesgos y el deber de garantizar que los recursos públicos se administren con eficiencia, controles y rendición de cuentas. La existencia de un esquema de seguridad no prueba por sí misma un uso irregular del dinero, del mismo modo que las denuncias sobre bienes pendientes de entrega requieren verificación individual y documental.
La pregunta que deja el debate es concreta: ¿cuánto paga realmente el Estado por la protección de los firmantes de paz y qué controles permiten comprobar que las obligaciones de reparación a las víctimas se estén cumpliendo? Para responderla hacen falta cifras oficiales desagregadas, contratos, pagos ejecutados y un balance actualizado de los bienes comprometidos.
