El Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Quibdó ordenó el embargo de las cuentas del Ejército destinadas al pago de nómina y alimentación de los soldados en el Pacífico.
La medida judicial, que afecta directamente a cerca de cuatro mil hombres y mujeres de la institución, se originó por una supuesta omisión del Ejército al no publicar una noticia sobre un desplazamiento forzado.
Como consecuencia, los uniformados no han recibido sus pagos y se han visto afectados en sus condiciones de subsistencia.
El equipo de abogados del Estado informó que adelanta las gestiones correspondientes para levantar el embargo y garantizar el desembolso de los recursos a los militares afectados.
