El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a los ministerios de Defensa y Justicia brindar asistencia jurídica y apoyo económico a las familias de los 17 exmilitares colombianos trasladados a Estados Unidos dentro del proceso por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
La decisión fue anunciada por el propio mandatario a través de su cuenta de X, luego de que los colombianos fueran trasladados desde Haití a Estados Unidos para comparecer ante la justicia federal por su presunta relación con el magnicidio ocurrido el 7 de julio de 2021.
“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, señaló De La Espriella.
El jefe de Estado también sostuvo que el proceso debe establecer de manera individual la responsabilidad de cada uno de los colombianos y pidió que no se generalicen las acusaciones.
“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, manifestó.
En otro mensaje, el presidente aseguró que su Gobierno no dejará solos a los uniformados mientras enfrentan el proceso judicial en territorio estadounidense.
“No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, afirmó.
Los 17 colombianos permanecían privados de la libertad en Haití desde 2021 y fueron trasladados el pasado 20 de septiembre a Estados Unidos junto con un ciudadano haitiano. El grupo deberá responder ante las autoridades judiciales estadounidenses por su presunta participación en el asesinato de Moïse.
El magnicidio ocurrió en julio de 2021, cuando Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe. De acuerdo con la información conocida sobre el proceso en Estados Unidos, varias personas han sido acusadas por su presunta participación en la conspiración para cometer el crimen.
La Cancillería colombiana ya había informado que mantiene seguimiento consular a los connacionales, incluyendo la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las gestiones destinadas a garantizar el respeto de sus derechos y garantías judiciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores también aclaró que el Gobierno colombiano no intervino en la decisión ni en el procedimiento que permitió el traslado desde Haití hacia Estados Unidos.
A partir del traslado, serán las autoridades judiciales estadounidenses las encargadas de establecer las eventuales responsabilidades individuales dentro del proceso.
La nueva instrucción de De La Espriella contempla, por tanto, dos frentes: asistencia jurídica para los colombianos detenidos y respaldo económico para sus familias, mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos.
Por ahora, los señalados mantienen su derecho al debido proceso y será la justicia estadounidense la que determine la responsabilidad que eventualmente corresponda a cada uno.
