El presidente Abelardo De La Espriella comenzó a desmontar formalmente otra de las estructuras heredadas de la política de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro. A través de varias resoluciones, el mandatario puso fin a los nombramientos de los representantes del Gobierno nacional que participaban en diferentes mesas y espacios de diálogo con organizaciones armadas.
Las decisiones afectan los procesos que durante la administración anterior se impulsaron con los llamados Comuneros del Sur, las disidencias del ELN y los denominados ‘Combos’ de Medellín, marcando un nuevo giro en la política de seguridad y negociación del Estado frente a las organizaciones ilegales.
La determinación se suma al cierre de otros procesos de diálogo que ya había oficializado el Gobierno de De La Espriella mediante nueve resoluciones firmadas el 28 de agosto, con las cuales quedaron desmanteladas tres mesas que permanecían abiertas desde la administración Petro. Entre ellas estaban los procesos con estructuras disidentes de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El mensaje político del nuevo Gobierno ha sido contundente: no mantener negociaciones con estructuras que, según su criterio, no demuestren una voluntad real y verificable de abandonar las armas, someterse a la justicia o avanzar hacia una reincorporación efectiva a la vida civil.
De esta manera, las resoluciones no solo modifican la composición de las delegaciones estatales, sino que representan otro paso en la decisión de De La Espriella de dejar atrás el modelo de negociación implementado durante el cuatrienio de Gustavo Petro.
Uno de los procesos que queda impactado es el de los Comuneros del Sur, estructura que se separó del ELN y que durante el Gobierno Petro avanzó en un proceso de diálogo y desmovilización en Nariño. El grupo había alcanzado acuerdos con el Ejecutivo anterior, incluido un cese al fuego y posteriormente un proceso orientado a la entrega de armas y reincorporación.
El nuevo Gobierno, sin embargo, ha optado por una estrategia radicalmente distinta: fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública y reducir los espacios de interlocución con organizaciones armadas que continúen vinculadas a actividades criminales.
La decisión hace parte de una reorientación más amplia de la política de seguridad. Desde su llegada a la Casa de Nariño, De La Espriella ha insistido en que su Gobierno no utilizará la búsqueda de la paz como argumento para conceder beneficios o mantener conversaciones indefinidas con grupos que, a juicio del Ejecutivo, no tengan una intención comprobable de abandonar las economías ilegales y las armas.
El desmonte de estas delegaciones también deja en evidencia el cambio de enfoque entre ambos gobiernos. Mientras Petro convirtió la negociación con diferentes actores armados en uno de los ejes de su política de “Paz Total”, De La Espriella ha planteado como prioridad la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de la autoridad del Estado y la persecución de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades criminales.
La administración actual ha defendido estas medidas bajo el argumento de que la paz debe estar acompañada de condiciones verificables y de sometimiento a la legalidad. En ese sentido, el Gobierno busca cerrar lo que considera procesos que no produjeron los resultados esperados durante la administración anterior.
El nuevo escenario deja abierta una pregunta sobre el futuro de quienes participaron en los procesos de desmovilización y reincorporación que sí alcanzaron acuerdos con el Estado durante el Gobierno Petro. El reto para la actual administración será determinar qué mecanismos jurídicos y de seguridad se aplicarán para garantizar que quienes dejaron las armas no regresen a las estructuras ilegales y que los compromisos adquiridos por el Estado tengan una ruta definida.
Con estas resoluciones, De La Espriella avanza en el desmonte de la arquitectura institucional que sostuvo buena parte de la “Paz Total” y consolida un cambio de rumbo: menos negociación política con organizaciones armadas y mayor énfasis en operaciones de seguridad, control territorial y sometimiento a la justicia.
