El Gobierno de Ecuador decretó un nuevo estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país, ante lo que las autoridades califican como una situación de “grave conmoción interna” provocada por el avance de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos.
La medida fue adoptada por el presidente Daniel Noboa y tendrá una duración de 60 días. El decreto contempla restricciones y facultades especiales para las fuerzas de seguridad con el objetivo de reforzar las operaciones contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, secuestro, extorsión y minería ilegal.
Las provincias incluidas son El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha. En esta última se encuentra Quito, la capital ecuatoriana.
El decreto también incorpora medidas específicas para Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar, y La Maná, en Cotopaxi, zonas que igualmente serán objeto de las disposiciones excepcionales.
¿Qué derechos serán restringidos?
Entre las medidas contempladas por el Gobierno ecuatoriano está la suspensión temporal de los derechos relacionados con la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en las zonas cobijadas por el estado de excepción.
Esto permitirá a las Fuerzas Armadas intervenir con mayores facultades dentro de las operaciones destinadas a enfrentar a las organizaciones criminales que operan en esos territorios.
La decisión se suma a otras medidas adoptadas durante los últimos años por Noboa, quien asumió la Presidencia en noviembre de 2023 y ha recurrido de manera reiterada a estados de excepción y restricciones nocturnas de movilidad como parte de su estrategia de seguridad.
Ecuador mantiene ofensiva contra el crimen organizado
La nueva declaratoria ocurre mientras el Gobierno ecuatoriano mantiene operaciones militares y policiales contra grupos dedicados al narcotráfico y otros delitos.
Entre las organizaciones señaladas por las autoridades ecuatorianas aparecen estructuras como Los Choneros, una de las principales bandas criminales del país.
La situación de seguridad también ha llevado a Ecuador a fortalecer su cooperación con Estados Unidos. La reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito estuvo marcada por los acuerdos y compromisos relacionados con seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Rubio ha destacado públicamente la cooperación con el Gobierno de Noboa en esta materia.
Toque de queda en varias provincias
El nuevo estado de excepción se conoce pocos días después de que el Gobierno anunciara un toque de queda nocturno entre el 17 y el 30 de septiembre en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
La medida busca limitar la movilidad durante determinadas horas en zonas consideradas de alta incidencia criminal y facilitar los operativos de las fuerzas de seguridad.
La violencia relacionada con el crimen organizado se ha convertido en uno de los principales problemas de Ecuador. Organizaciones dedicadas al narcotráfico mantienen disputas por el control territorial y de rutas utilizadas para actividades ilícitas.
Operación en el Pacífico
En paralelo, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre una operación en el océano Pacífico contra una embarcación que, según las autoridades estadounidenses, era utilizada como estación flotante para el reabastecimiento de combustible de operaciones de narcotráfico marítimo.
De acuerdo con el reporte divulgado por SOUTHCOM, la operación permitió interceptar la embarcación y detener a personas que posteriormente serían entregadas a las autoridades ecuatorianas.
La ofensiva se desarrolla en un contexto de mayor cooperación militar y de seguridad entre Washington y Quito, mientras el Gobierno de Noboa busca contener a las organizaciones criminales que operan dentro del territorio ecuatoriano y en las rutas internacionales del narcotráfico.
Con el nuevo estado de excepción, Ecuador vuelve a recurrir a medidas extraordinarias para enfrentar la crisis de seguridad, mientras las autoridades deberán evaluar durante los próximos 60 días el impacto de las operaciones sobre los grupos criminales que mantienen presencia en las provincias afectadas.
