La Corte Suprema de Justicia volvió a poner la lupa sobre la red de corrupción que operó durante años en el departamento de Córdoba. La Sala Especial de Primera Instancia condenó al senador John Besaile Fayad a 69 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público agravado, tras comprobar que alteró documentos oficiales para habilitar una corporación utilizada en el desvío de recursos públicos.
De acuerdo con el fallo, cuando se desempeñaba como secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba, Besaile expidió la Resolución 0334 de septiembre de 2012 con una fecha adulterada, ya que en realidad había sido emitida en febrero de 2014.
Con ese acto administrativo, otorgó personería jurídica a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica, entidad que posteriormente habría sido utilizada para contratar con la Gobernación y canalizar recursos públicos de manera irregular.
La Corte concluyó que el hoy senador certificó hechos falsos dentro de la resolución, entre ellos que el representante legal de la corporación había solicitado formalmente el reconocimiento jurídico y que toda la documentación cumplía con los requisitos legales exigidos, pese a que esto no correspondía a la realidad.
Según el alto tribunal, esta maniobra permitió que la corporación quedara habilitada para participar en convenios relacionados con proyectos de ciencia y tecnología financiados con recursos de regalías en Córdoba.
Aunque la Sala condenó a Besaile a pena privativa de la libertad, le concedió la sustitución de la prisión para cumplirla en su lugar de residencia, bajo condiciones como el pago de una caución y la firma de un acta de compromiso judicial.
La decisión contó además con aclaración de voto de uno de los magistrados de la Sala.
En el mismo proceso también fue condenado el exsenador Musa Abraham Besaile Fayad, señalado por las autoridades judiciales de integrar la estructura criminal que habría desviado millonarios recursos públicos durante la administración del exgobernador Alejandro Lyons en Córdoba.
El caso hace parte de las investigaciones por corrupción relacionadas con el manejo de recursos de regalías y contratación pública en el departamento, uno de los mayores escándalos políticos y administrativos registrados en la región Caribe en la última década.
