Son tres los representantes facultados para determinar la incorporación de nuevos medios de prueba, hechos o denuncias.
Luego de conocerse detalles de la declaración de Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación, en la que aseguró que recibió dineros ilegales que posteriormente entraron a la campaña del entonces candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, desde varios sectores políticos del país se pidió un juicio contra el mandatario en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representante.
Y es que, son varias las denuncias que han llegado a esa instancia para que se investigue y establezca si hubo responsabilidad del presidente en estos hechos que también indaga la fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
Por medio de un comunicado, el presidente de esa célula legislativa, Wadith Manzur, respondió que el proceso aún se encuentra en etapa de investigación preliminar.
“En el marco de las competencias que le corresponden a la Comisión de Investigación y Acusaciones se viene adelantando un proceso contra el presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás, este se encuentra en etapa de investigación previa”, se indicó en el comunicado.
Serán tres los representantes facultados para determinar la incorporación de nuevas pruebas o hechos que se formulen respecto a la investigación contra @petrogustavo, dice @wmanzur pdt. de la Comisión de Acusaciones.
“El proceso se encuentra en etapa de investigación previa” pic.twitter.com/Z6topge2Am— Aldair Rodríguez Suárez (@AldairJ_R) August 4, 2023
Manzur agregó que serán los tres los representantes a la Cámara que llevar el caso “los facultados para determinar la incorporación de nuevos medios de prueba, hechos o denuncias que se formulen respecto a este asunto”, refiriéndose a los nuevos testimonios de Nicolás Petro y Day Vásquez, en la audiencia de medida de aseguramiento.
También aseguró el congresista conservador que este proceso se lleva bajo la ritualidad de la Ley 600 del 2000, y que fungen en el un número plural de representantes instructores a efectos de garantizar los principios de celeridad, imparcialidad y debido proceso.
