Unidiplo presentó una queja ante la Contraloría contra Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Yolanda Villavicencio. La denuncia señala nombramientos provisionales cuestionados y posibles sobrecostos con recursos públicos.
Cuatro excancilleres del gobierno de Gustavo Petro quedaron en el centro de una solicitud de investigación fiscal presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), que pidió a la Contraloría establecer si hubo detrimento patrimonial por nombramientos en el servicio exterior.
La queja, de 25 páginas, señala a Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Yolanda Villavicencio por presuntamente haber permitido o realizado nombramientos provisionales de personas ajenas a la carrera diplomática, sin cumplir los requisitos legales y pese a que, según el sindicato, había funcionarios de carrera disponibles para ocupar esos cargos.
La organización también pidió investigar a seis exdirectores de Talento Humano de la Cancillería: Silvia Carrizosa, Lina Luna, Diana Morales Rueda, Luz Ángela Cendales Durán, Carlos Arley Orozco y Eliana Paola Salguero.
La solicitud fue radicada ante la Unidad de Responsabilidad Fiscal e Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría. Unidiplo sostiene que las actuaciones denunciadas podrían constituir conductas dolosas o gravemente culposas y solicita que se determine la eventual responsabilidad fiscal de los señalados.
Más de 100 procesos judiciales por nombramientos
Uno de los principales argumentos del sindicato es la cantidad de controversias judiciales relacionadas con decisiones de personal de la Cancillería durante el periodo 2022-2026.
Según la documentación citada por EL TIEMPO, en esos años fueron demandados 129 actos administrativos de nombramiento correspondientes a diferentes categorías del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular.
La distribución reportada incluye 40 nombramientos de consejeros de Relaciones Exteriores, 36 de segundos secretarios, 21 de primeros secretarios, 14 de embajadores, seis de terceros secretarios y cinco de ministros consejeros. También aparecen decisiones relacionadas con viceministros, ministros de Relaciones Exteriores, funcionarios provisionales y de carrera, además de una comisión de servicios.
Unidiplo afirma que buena parte de las decisiones judiciales favoreció las reclamaciones de la carrera diplomática y terminó con la anulación de nombramientos cuestionados. El alcance de cada fallo deberá revisarse individualmente para establecer qué decisiones fueron anuladas y cuáles fueron sus efectos.
Traslados al exterior, en el centro del posible perjuicio
El sindicato sostiene que los nombramientos denunciados habrían comprometido recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo Rotatorio. El presunto detrimento estaría relacionado, principalmente, con los gastos de traslado de funcionarios designados al exterior y su posterior regreso a Colombia.
La queja también plantea que, en algunos casos, se habrían pagado determinados costos más de una vez. La Contraloría deberá examinar los soportes presupuestales, los actos administrativos, las órdenes de pago y las circunstancias de cada nombramiento para determinar si hubo pérdidas de recursos públicos y, de ser así, cuál sería su cuantía.
La anulación judicial de un nombramiento no demuestra automáticamente que se haya producido un daño fiscal. Para establecer responsabilidad fiscal es necesario acreditar un daño patrimonial al Estado y determinar la relación entre ese perjuicio y la conducta atribuida a los funcionarios investigados.
La Contraloría deberá determinar si hubo responsabilidad fiscal
La petición de Unidiplo busca que se abra una investigación y se establezca si los cuatro excancilleres y los seis exdirectivos señalados tuvieron responsabilidad en las decisiones cuestionadas y en los posibles costos asociados.
Por ahora, se trata de una queja presentada por el sindicato, no de una declaración definitiva de responsabilidad fiscal contra las personas mencionadas. Corresponderá a la Contraloría evaluar las pruebas, establecer si existe mérito para avanzar en el proceso y garantizar el derecho de defensa de los involucrados.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que se realizan los nombramientos en el servicio exterior colombiano y el costo que pueden representar para el erario las decisiones administrativas que terminan anuladas por los jueces.
