Según informó la JEP, la situación jurídica de estos comparecientes ya fue definida, con lo que se cierran los respectivos trámites dentro de la jurisdicción y los antecedentes relacionados con estos procesos quedan archivados.
La medida hace parte del proceso de depuración y definición de la situación jurídica de quienes estuvieron vinculados a la JEP, pero que no fueron considerados dentro del grupo de personas sobre las cuales recaería la responsabilidad principal por los crímenes más graves y representativos del conflicto armado.
La propia JEP contempla diferentes rutas para definir la situación jurídica de los comparecientes, entre ellas la renuncia a la persecución penal, la cesación de procedimiento, la preclusión, la amnistía o el indulto, así como otras decisiones dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.
¿Qué significa la decisión?
La definición de la situación jurídica no implica que la JEP haya establecido que todos los hechos relacionados con estas personas sean inexistentes. La decisión corresponde al tratamiento jurídico que reciben quienes no fueron seleccionados como máximos responsables o partícipes determinantes dentro de los casos priorizados.
La JEP tiene entre sus funciones identificar a quienes tuvieron los mayores niveles de responsabilidad en los crímenes más graves y representativos del conflicto, mientras que para los demás comparecientes existen mecanismos específicos para resolver su situación jurídica.
De acuerdo con información institucional de la JEP, el universo de personas sometidas a esta jurisdicción incluye integrantes de las antiguas FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y otros comparecientes. La entidad ha establecido distintas rutas procesales para resolver la situación de cada persona.
Un trámite que alcanza a más de mil personas
El anuncio representa un avance significativo en la definición de los expedientes de personas que permanecían vinculadas a la jurisdicción transicional sin haber sido seleccionadas como máximos responsables.
Con la decisión comunicada por la JEP, estos casos dejan de permanecer abiertos dentro de los trámites correspondientes y pasan a una nueva etapa jurídica, de acuerdo con las determinaciones adoptadas para cada compareciente.
La Jurisdicción ha insistido en que su modelo de justicia transicional diferencia entre quienes tuvieron los mayores niveles de responsabilidad y aquellos comparecientes cuya situación debe resolverse mediante otros mecanismos jurídicos.
La decisión vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos de la JEP: avanzar en la resolución de miles de situaciones jurídicas sin perder de vista su mandato central de esclarecer los hechos más graves del conflicto, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas.
