La instrucción fue impartida durante el Consejo de Seguridad realizado el domingo en Barranquilla, desde donde el mandatario volvió a plantear una política migratoria enfocada en el control de quienes permanecen en el país sin cumplir los requisitos establecidos.
De La Espriella estableció además un orden de prioridades para las operaciones. Los extranjeros que estén cometiendo delitos serán los primeros en ser identificados y sometidos a los procedimientos correspondientes, seguidos por aquellos que permanezcan en Colombia sin haber regularizado su situación migratoria.
“En el término de la distancia tendrán que ser deportados”, afirmó el presidente al referirse a los migrantes en condición irregular.
La orden contempla la coordinación entre las autoridades migratorias y la Policía para realizar labores de identificación, ubicación y detención, de acuerdo con los procedimientos legales aplicables, de los extranjeros que se encuentren en las condiciones señaladas por el Gobierno.
El mandatario también dejó claro que la medida no estará dirigida exclusivamente contra ciudadanos de una nacionalidad determinada.
“Es una decisión política y yo la asumo. Es una decisión administrativa y yo la asumo”, manifestó De La Espriella al defender públicamente la decisión.
Posteriormente, fue enfático al señalar que la instrucción se aplicará a extranjeros de cualquier procedencia que se encuentren en situación irregular.
“¡Deportados! Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar a migrantes ilegales, de donde sea que vengan”, sostuvo.
Más de 527.000 venezolanos estarían en condición irregular
La decisión tiene especial impacto en la población venezolana, debido a que Colombia se convirtió durante la última década en uno de los principales destinos de quienes abandonaron Venezuela como consecuencia de la crisis económica, política y social de ese país.
Según las cifras citadas en el reporte, Colombia tendría alrededor de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales más de 527.000 estarían actualmente en condición migratoria irregular.
El Gobierno busca ahora fortalecer los mecanismos de identificación y control para determinar quiénes permanecen legalmente en el país y quiénes deben iniciar procesos administrativos relacionados con su situación migratoria.
La prioridad anunciada por De La Espriella estará puesta en aquellos extranjeros que, además de encontrarse irregularmente en Colombia, estén vinculados a actividades delictivas.
La medida forma parte de la agenda de seguridad del nuevo Gobierno y se suma a las acciones anunciadas para combatir estructuras criminales, fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y recuperar el control territorial.
“Primero los colombianos”
Durante su intervención, el presidente utilizó una de las frases más contundentes para resumir el enfoque de su política migratoria.
“No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, afirmó.
La instrucción presidencial comenzará a materializarse mediante operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía Nacional, que deberán determinar las condiciones particulares de cada persona y adelantar los procedimientos correspondientes.
El Gobierno sostiene que la medida busca fortalecer el control migratorio y evitar que la permanencia irregular sea utilizada por personas vinculadas con actividades criminales.
El reto para las autoridades estará ahora en ejecutar los operativos dentro del marco legal, garantizar el debido proceso y establecer cuáles extranjeros cumplen las condiciones para ser deportados.
De esta manera, el Gobierno de De La Espriella convierte el control de la migración irregular en uno de los nuevos frentes de su política de seguridad, con especial énfasis en los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delitos.
