El organismo de control puso especial atención sobre los procesos destinados a la capacitación y acreditación de los testigos electorales, así como sobre otros componentes tecnológicos y operativos vinculados con la organización del proceso democrático.
La indagación busca determinar cómo fueron planeados, contratados y ejecutados los recursos públicos destinados a estas actividades y si los valores pagados corresponden realmente a los bienes y servicios recibidos.
Entre los aspectos que serán revisados se encuentran la adquisición y desarrollo de herramientas tecnológicas, los servicios de ciberseguridad, la elaboración y distribución de material informativo y las actividades de capacitación dirigidas a los testigos electorales.
La Contraloría también solicitó al CNE información detallada sobre la contratación realizada con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, con el propósito de reconstruir el historial de los contratos y verificar su ejecución.
El requerimiento incluye datos como las fechas de inicio y terminación, valores contratados, objetos de cada negocio jurídico, estado de ejecución, responsables de la supervisión o interventoría y la totalidad de los pagos efectuados.
LinkTic y BexTechnology, bajo revisión
Dentro de la documentación solicitada también aparecen los contratos celebrados directamente con las empresas LinkTic y BexTechnology, compañías que integran la unión temporal encargada de diferentes componentes del proceso.
Según la información conocida, LinkTic tendría una participación del 95 % dentro de la unión temporal, mientras que BexTechnology tendría el 5 % restante.
La Contraloría busca establecer si las condiciones de contratación, los servicios adquiridos y los recursos ejecutados se ajustaron a las necesidades reales del proceso electoral y a los principios de eficiencia y economía que deben regir el manejo de los recursos públicos.
Uno de los puntos centrales será establecer si existieron sobrecostos y, de ser así, cuál fue su origen, quiénes participaron en las decisiones contractuales y si se produjo algún eventual detrimento de recursos públicos.
La revisión adquiere especial importancia debido a que los contratos están relacionados con actividades esenciales para las elecciones de 2026, entre ellas la preparación de los testigos electorales y el soporte tecnológico necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas electorales.
Por ahora, la actuación se encuentra en una etapa preliminar. Esto significa que la apertura de la indagación no implica que el CNE, sus funcionarios o las empresas involucradas hayan sido declarados responsables de alguna irregularidad.
La Contraloría deberá recopilar y analizar la documentación solicitada antes de determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación de responsabilidad fiscal o adoptar cualquier otra decisión dentro de sus competencias.
El organismo de control mantiene así bajo revisión el manejo de recursos públicos destinados a uno de los procesos contractuales considerados estratégicos para las elecciones de 2026, mientras el CNE deberá entregar la información requerida para esclarecer cómo fueron estructurados y ejecutados estos contratos.
