Un tribunal señalado de actuar bajo influencia del régimen de Nicolás Maduro habría impuesto condenas de 30 y 20 años de prisión a dos personas vinculadas a la oposición venezolana. Así lo denunció el abogado penalista Zair Mundaray, quien advirtió que el proceso se realizó sin garantías judiciales ni pruebas que sustentaran los cargos.
La jueza Alejandra Romero, del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en casos de terrorismo, habría dictado la pena máxima de 30 años contra Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo —según la oposición— Edmundo González Urrutia. Asimismo, Luis Guillermo Isturiz, dirigente regional de Vente Venezuela, habría sido condenado a 20 años.
Tudares fue detenido en enero pasado cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos. Desde entonces permanece incomunicado, según ha reiterado su familia. González Urrutia insiste en que su yerno es víctima de un proceso político que viola sus derechos fundamentales.
“Conocí por redes sociales y medios digitales la supuesta condena de 30 años contra mi esposo”, expresó Mariana González de Tudares, hija del dirigente opositor. Afirmó que aún no existe una notificación formal, pero que acudirán nuevamente a las autoridades para exigir información oficial, pese a las trabas que han enfrentado durante casi once meses.
Las acusaciones contra Tudares incluyen terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La defensa sostiene que no hay evidencia que respalde estos señalamientos y que el juicio se ha manejado de manera clandestina.
El caso ocurre en medio de la crisis política que atraviesa Venezuela tras las elecciones de julio de 2024, cuyos resultados oficiales —que dieron ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato— son cuestionados por la oposición y por parte de la comunidad internacional. La familia de Tudares asegura que no tiene comunicación con él desde el 7 de enero de 2025, cuando fue detenido por funcionarios de seguridad del Estado.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela existen al menos 884 presos por motivos políticos.
