El senador del Centro Democrático Juan Caicedo se pronunció sobre las nuevas revelaciones relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según el congresista, los señalamientos conocidos en los últimos días coinciden con denuncias e investigaciones periodísticas que ya habían expuesto posibles irregularidades dentro de esa entidad.
“El rompecabezas se está terminando de armar: convirtieron la DNI en una policía política, propia de las peores dictaduras”, afirmó Caicedo, al referirse a los presuntos seguimientos a integrantes de la oposición, periodistas y antiguos mandatarios, así como a posibles vínculos con agentes extranjeros.
El pronunciamiento se produce después de que se conocieran nuevos detalles sobre el funcionamiento de la agencia de inteligencia y las actuaciones que habrían comprometido a algunos de sus funcionarios. Las denuncias todavía deben ser verificadas por las autoridades competentes y no representan, por sí solas, conclusiones judiciales.
Caicedo señaló tres aspectos que, a su juicio, muestran coincidencias entre las investigaciones periodísticas. El primero tiene que ver con la presunta utilización de capacidades de inteligencia para vigilar a dirigentes de oposición y periodistas. El senador mencionó supuestas interceptaciones, seguimientos e infiltraciones mediante falsas amenazas y esquemas de protección.
Entre las personas que habrían sido objeto de esas prácticas mencionó al expresidente Álvaro Uribe, al exsenador Miguel Uribe Turbay y a las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. A estos señalamientos se sumó la información sobre un posible plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes.
El asunto aparece en un informe de empalme de 26 páginas, fechado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la DNI. El documento atribuye a una fuente humana la advertencia sobre la posible preparación de esos vehículos con equipos de vigilancia. También cuestiona que la agencia participara en su asignación, función incorporada mediante el Decreto 0563 del 3 de junio de ese año.
La presunta presencia de agentes extranjeros
El segundo punto destacado por Caicedo está relacionado con la participación de personal extranjero y los viajes de funcionarios de la DNI a Rusia durante 2025 para recibir capacitación. Según los señalamientos recogidos por el congresista, existirían sospechas sobre la entrega de dispositivos infectados a funcionarios colombianos que viajaron a ese país.
Estas afirmaciones hacen parte de las alertas sobre el manejo de información reservada y el uso de herramientas tecnológicas dentro de la entidad. Su alcance y las eventuales responsabilidades todavía requieren verificación oficial.
Cuestionamientos por el personal y la captura de un funcionario
El tercer aspecto se refiere a los funcionarios que ingresaron o permanecieron en la DNI durante la administración anterior. Caicedo aseguró que más de un centenar de trabajadores habrían sido considerados un factor de riesgo para la institución.
Las denuncias de Semana (3 de octubre) y Noticias Caracol (8 de noviembre) sobre la DNI empiezan a encajar.
Sigamos atando hilos:
PERSECUCIÓN A LA OPOSICIÓN: Semana reveló escuchas, seguimientos e infiltraciones mediante falsas amenazas y esquemas de protección. Se habría interceptado al presidente Uribe, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Caracol reveló el plan de infiltrar con micrófonos y GPS los vehículos destinados a expresidentes y exvicepresidentes, al amparo del Decreto 0563 (adjunto el decreto que asigna esta función a la DNI).
INJERENCIA EXTRANJERA: Semana reveló infiltraciones, presencia de agentes extranjeros y dos viajes de funcionarios de la DNI a Rusia para recibir entrenamiento en 2025. Caracol informó que Rusia habría entregado dispositivos infectados a funcionarios de la DNI que viajaron a ese país para capacitarse y espiar al siguiente gobierno.
PERSONAL NO CONFIABLE: Semana advirtió que al menos la mitad de los funcionarios que ingresaron durante la administración anterior no eran idóneos ni confiables. Más de 100 trabajadores fueron considerados un factor de riesgo. Caracol reveló que personas de confianza del gobierno habrían sido declaradas insubsistentes y posteriormente reincorporadas.
El rompecabezas se está terminando de armar: convirtieron la DNI en una policía política, propia de las peores dictaduras.
— Juan Caicedo (@juancaicedocal) November 9, 2026
Uno de los documentos conocidos advierte sobre una posible estrategia para lograr el regreso de personas cercanas al anterior gobierno. Según ese reporte, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes y posteriormente reincorporados tras obtener decisiones judiciales favorables.
En medio de estos cuestionamientos también se conoció la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero vinculado a la DNI, detenido el viernes 6 de noviembre en Neiva, Huila, durante un procedimiento en el que participaron el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía. La detención estaría relacionada con una investigación por el presunto hackeo a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
El informe periodístico sostiene que Oyola continuaba vinculado a la entidad al momento de su captura y plantea interrogantes sobre el manejo de los dispositivos que le habían sido incautados meses atrás y sobre un posible intento de afectar sistemas relacionados con el proceso electoral. Esos señalamientos deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales.
Las revelaciones también provocaron reacciones desde el Gobierno. El vicepresidente José Manuel Restrepo pidió una investigación de fondo y actuaciones contra quienes resulten responsables. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe calificó de seria la investigación sobre el supuesto plan de vigilancia a los vehículos de los exmandatarios, aunque dijo que no había recibido alertas sobre esa situación.
Por ahora, los señalamientos sobre presunto espionaje, infiltración extranjera y uso político de la inteligencia estatal están bajo cuestionamiento público. Las investigaciones deberán establecer qué actuaciones ocurrieron, quiénes las ordenaron y si se utilizaron recursos y capacidades de la DNI por fuera de sus competencias legales.
