La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante la administración del expresidente Gustavo Petro, tras su captura efectuada el pasado 6 de noviembre por miembros del CTI, la Policía Nacional y el Gaula Militar.
Aunque inicialmente el proceso se enfocó en la supuesta falsificación de documentos de su hoja de vida, la investigación atribuye a Oyola la presunta pertenencia a una red criminal que operó entre 2017 y 2023 dedicada a modificar irregularmente registros académicos y financieros en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Paralelamente, indagaciones periodísticas de Noticias Caracol relacionan al procesado con investigaciones sobre accesos abusivos a información clasificada y un supuesto plan para vulnerar los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional en el marco de procesos electorales previos.
Esquema de alteración de notas, registros financieros y obtención de títulos
Viñeta Falta de concordancia académica: La Fiscalía sustentó que existieron 41 discrepancias en cursos a nombre de Oyola entre los resultados del campus virtual y los registros almacenados en las tablas administrativas de la UNAD, detectándose asignaturas que pasaron de calificaciones en cero a notas superiores a 4.0.
Viñeta Irregularidades financieras: En el componente de tesorería, los investigadores identificaron movimientos manuales sin soporte en los estados de cuenta de matrículas del procesado por montos que superarían los 35 millones de pesos.
Viñeta Rol de articulación y títulos obtenidos: De acuerdo con la imputación, Oyola actuó como enlace entre operadores internos con acceso a las bases de datos (insiders) y estudiantes beneficiarios. Dichas alteraciones le habrían permitido obtener de manera irregular los títulos de pregrado en Ingeniería de Sistemas y la especialización en Gestión Pública.
Viñeta Cargos imputados: Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Oyola Tovar los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal.
