La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que recibió la instrucción de revisar la legalidad y las condiciones técnicas bajo las cuales están operando estos dispositivos, luego de la controversia generada por la instalación de nuevas cámaras de velocidad en la Vía al Mar.
El caso que encendió la discusión se presentó en el corredor entre Barranquilla y Cartagena, donde el Instituto de Tránsito del Atlántico había anunciado la instalación de tres nuevos puntos de fotodetección.
Sin embargo, la ministra pidió suspender el proceso y cuestionó que este tramo pudiera llegar a tener siete cámaras de velocidad. Para Noguera, antes de aumentar el número de dispositivos debe existir una justificación técnica que demuestre que realmente son necesarios para mejorar la seguridad vial.
La decisión no se limitará al departamento del Atlántico. De acuerdo con el anuncio de la funcionaria, el Gobierno revisará los sistemas de fotodetección instalados en diferentes regiones del país y pondrá especial atención en aquellos casos donde existan denuncias o cuestionamientos relacionados con su funcionamiento.
El mensaje de la ministra fue contundente: las cámaras no pueden convertirse en una herramienta cuyo principal propósito sea generar comparendos y recaudo.
“El propósito de los sistemas de detección electrónica debe ser salvar vidas y prevenir accidentes, nunca convertirse en un negocio de los ciudadanos”, afirmó Noguera.
La funcionaria sostuvo además que cualquier dispositivo que presente irregularidades o que no tenga suficiente respaldo técnico podrá ser objeto de acciones por parte de las autoridades.
“Donde encontremos abuso, irregularidades o falta de sustento técnico, actuaremos con contundencia”, manifestó.
Para el Ministerio de Transporte, la discusión no consiste en eliminar los controles electrónicos, sino en establecer reglas más estrictas para garantizar que su utilización responda a verdaderas necesidades de seguridad vial.
En ese sentido, las futuras autorizaciones deberán estar respaldadas por criterios técnicos que permitan establecer que la cámara contribuirá a disminuir la accidentalidad y a controlar conductas que pongan en riesgo a los usuarios de las carreteras.
La decisión también genera expectativa entre los conductores, especialmente en corredores donde existe una alta concentración de cámaras y donde las fotomultas se han convertido en motivo recurrente de reclamos.
En el Atlántico, la suspensión de las tres nuevas cámaras de la Vía al Mar representa un cambio frente al plan que había anunciado el Instituto de Tránsito departamental.
Su director, Carlos Mafio Granados, señaló que, ante la imposibilidad de instalar los dispositivos, se recurrirá a estrategias pedagógicas para incentivar entre los conductores el cumplimiento de los límites de velocidad y demás normas de tránsito.
El debate también plantea una pregunta que el Gobierno deberá resolver durante la revisión: cuáles cámaras cumplen realmente una función preventiva y cuáles podrían estar operando sin una justificación técnica suficiente.
Por ello, la revisión anunciada por el Ministerio de Transporte podría convertirse en un examen general a la política de fotodetección del país.
La nueva postura del Gobierno apunta a que las cámaras sean ubicadas en puntos donde exista evidencia de riesgo y donde su presencia contribuya efectivamente a prevenir accidentes, en lugar de utilizarse como una estrategia de recaudo.
Mientras avanza esta revisión, la instalación de nuevas cámaras tendrá mayores controles y las autoridades territoriales deberán demostrar con mayor rigor la necesidad de implementar estos sistemas.
El mensaje de la ministra Elsa Noguera marca así un giro en la discusión sobre las fotomultas: el Gobierno no descarta los controles electrónicos, pero advierte que su utilización deberá estar sustentada en criterios técnicos, legales y de seguridad vial.
En caso de encontrar abusos, irregularidades o falta de sustento, las autoridades anunciaron que tomarán medidas.
