En la conciliación de la reforma al Código Electoral que se tramitó en el Congreso de la República, no pasó el artículo con el que se pretendía imponer la paridad de género del 50% para la conformación de las listas para las elecciones a las corporaciones públicas.
No se acogió el texto como había quedado en el Senado y la participación de las mujeres se mantuvo en el 30%, tal como lo contempla la ley en la actualidad.
Durante la reunión de conciliadores, los senadores Alfredo Deluque y Alejandro Vega, dejaron constancia de no estar de acuerdo con tumbar esta propuesta, pero los demás congresistas consideraron que ese tema no debía modificarse.
La senadora Ana María Castañeda lamentó que no se haya logrado incrementar el porcentaje de participación de las mujeres en las listas que se presentan para la elección de las corporaciones públicas.
“Esto es un retroceso para la lucha de las mujeres y todo lo que hemos venido trabajando desde hace muchos años, además de que había sido una victoria del Código Electoral, pero se sacó. Para las mujeres y el país es un mensaje muy negativo, pero hemos hablado con varias senadoras que apenas arranque la legislatura, nuevamente estaremos dando la pelea por la paridad”, precisó.
La congresista explicó que insistirán en un nuevo proyecto de ley sólo con la propuesta de paridad de género para la elección de cargos de elección popular en el país.
El nuevo Código Electoral pretende hacerle un completo revolcón al sistema político colombiano, ampliar la jornada de votaciones hasta las 5:00 de la tarde, garantizar el voto electrónico mixto en Colombia, además de la implementación de biometría para la identificación de los votantes.
De igual forma, el registrador tendrá facultades especiales para nombrar delegados regionales, registradores especiales y auxiliares en el territorio nacional, hecho que fue bastante criticado por algunos sectores que advertían que eso podría prestarse para aumentar la burocracia.
Sin embargo, estas medidas no entrarán en vigencia para las elecciones regionales de octubre, sino a partir de 2026, cuando los colombianos vuelvan a las urnas para elegir al presidente de la República y a un nuevo Congreso.
Tan pronto sea aprobada la conciliación en las plenarias, el proyecto pasará a revisión automática de la Corte Constitucional, por tratarse de una ley estatutaria.
