En medio de un ambiente caldeado por tensiones políticas y estrategias legislativas, el Senado se convirtió este martes en el escenario de una nueva jugada que podría cambiar el rumbo de la agenda social del Gobierno: el resurgimiento inesperado de la Reforma Laboral a través de un recurso de apelación, una movida que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no dudó en calificar como una “jugada maestra” para enterrar la consulta popular que busca restituir derechos laborales.
“Este recurso no es ingenuo, es una maniobra malintencionada”, lanzó Sanguino, visiblemente molesto. En su intervención, dejó claro que considera esta apelación un intento deliberado por obstaculizar la vía de participación ciudadana que propone el Ejecutivo.
La apelación que resucita viejos fantasmas
Para entender el malestar del Gobierno, hay que remontarse al 11 de marzo, cuando ocho senadores de la Comisión Séptima presentaron la ponencia de archivo que sepultó temporalmente la Reforma Laboral. Pero la decisión formal no se votó sino hasta ocho días después. Fue entonces cuando el senador Fabián Díaz introdujo el recurso que ahora, nueve semanas después, vuelve al debate.
El regreso del proyecto, justo cuando comienza a discutirse la consulta popular en el Senado, ha encendido las alarmas en la Casa de Nariño. Para Sanguino, este “retorno tardío” tiene un objetivo claro: bloquear el camino de la consulta ciudadana con argumentos de procedimiento y desgaste legislativo.
“La intención es embolatar el debate. Nadie se acordó de la apelación durante semanas, y justo ahora la traen a la mesa. Es un intento perverso por asegurar que ni la reforma ni la consulta vean la luz”, aseguró.
Divisiones internas y relojes apretados
El panorama se complica aún más con los movimientos internos de los partidos. Mientras la bancada del Partido de la U anunció que apoyará la apelación —según ellos, en aras de abrir un debate “amplio y democrático”—, otros miembros del mismo partido que integran la comisión accidental encargada del estudio del recurso han pedido que se rechace. El cortocircuito es evidente.
Y el tiempo apremia. Lo recordó con precisión quirúrgica el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien antes de Sanguino subió al estrado con tono más moderado. “Quedan cinco semanas para el cierre de la legislatura. En tres se tendría que debatir en comisión, volver a designar ponentes y pasar a plenaria. No hay forma. Esa ley muere el 20 de julio, incluso si se convocaran sesiones extras”.
Consulta popular: ¿último recurso o nueva esperanza?
Frente al posible bloqueo en el Congreso, el Gobierno apuesta ahora por la consulta popular como salvavidas político. Según Sanguino, el objetivo es claro: que el pueblo se pronuncie sobre lo que, según él, fue ignorado por la Comisión Séptima del Senado.
“El Congreso se negó a legislar sobre un mandato popular. Ahora debe ser el pueblo quien recupere sus derechos”, declaró.
Benedetti fue más allá e hizo un llamado directo a los liberales: “Históricamente, ustedes han defendido los derechos laborales. Hoy, deberían ser los primeros en apoyar que se le devuelvan al pueblo”.
Y también lanzó un dardo al presidente del Senado, a quien acusó de no haber aprobado ni una sola reforma social del actual Gobierno.
Una partida abierta
La pugna está servida. Entre maniobras legales, tiempos legislativos y tensiones internas de los partidos, el destino de la Reforma Laboral —y de la consulta popular— se definirá no solo en el Congreso, sino también en el ajedrez político de alianzas, tiempos y voluntad popular.
Por ahora, el reloj sigue corriendo y cada movimiento cuenta.
