El exsenador e ideólogo del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, hizo un llamado público a la bancada de su partido y a congresistas aliados para promover acciones judiciales y disciplinarias de envergadura contra el expresidente Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro. La postura se da como reacción a las recientes declaraciones entregadas por Deicy Jiménez al medio SEMANA, en las que denunció presuntas relaciones personales con el exmandatario a cambio de la adjudicación de contratos en entidades estatales durante el gobierno anterior.
Acciones planteadas y debate político de la oposición
Pérdida de investidura de congresista: Gaviria planteó instaurar la acción de pérdida de investidura en contra de Petro y Pizarro por su desempeño en el Legislativo. Explicó que esta figura constitucional no caduca en el tiempo y puede aplicarse a excongresistas, lo que implicaría una sanción de inhabilitación política permanente (“muerte política”).
Juicio de indignidad institucional: Adicionalmente, el dirigente sugirió activar el trámite de declaración de indignidad contra Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, al amparo de los artículos 175 y 233 de la Constitución Política.
Cuestionamientos al comunicado de la defensa: En su análisis de coyuntura, Gaviria criticó el pronunciamiento emitido por el expresidente Gustavo Petro. Sostuvo que el exjefe de Estado eludió responder de fondo a la vinculación contractual de Deicy Jiménez con la administración pública, refugiándose en discursos de libertad y dignidad de la mujer sin desmentir el conocimiento de la denunciante.
Apertura de indagación formal y reacciones en el Congreso: La Fiscalía General de la Nación inició las correspondientes indagaciones preliminares sobre los contratos señalados para citar a los involucrados. A su vez, voceros parlamentarios de la oposición, como el senador Andrés Forero, señalaron que el centro del debate radica en determinar si existió una presunta destinación indebida de recursos y cargos del Estado para financiar compromisos o favores de carácter privado.
