La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por posibles irregularidades en contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otras entidades durante el Gobierno de Gustavo Petro, luego de las declaraciones de Deicy Jiménez, quien aseguró que habría recibido contratos públicos a cambio de encuentros sexuales con el entonces mandatario.
La denuncia tomó relevancia después de una entrevista concedida por Jiménez a Vicky Dávila, en la que expuso sus señalamientos y afirmó tener fotografías, audios y videos que respaldarían su versión. La existencia de ese material, sin embargo, no significa que las acusaciones estén probadas; su contenido y autenticidad deberán ser examinados por las autoridades.
La indagación quedó a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de un equipo especializado. Dentro de las primeras diligencias, la Fiscalía citó a entrevista a las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia, con el propósito de recopilar información relacionada con los hechos divulgados públicamente.
Las citaciones buscan esclarecer cómo se tramitaron determinados contratos, quiénes participaron en su gestión y si existieron actuaciones irregulares en el uso de recursos o funciones públicas. La apertura de la investigación no implica que las personas mencionadas sean responsables de un delito.
¿Quién tiene competencia para investigar a Gustavo Petro?
La Fiscalía también debe distinguir entre las posibles irregularidades administrativas o contractuales y la eventual responsabilidad del exsenador y expresidente Petro por los hechos denunciados.
Si los señalamientos corresponden a actuaciones de Petro durante su etapa como senador, la competencia investigativa recae en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Por hechos relacionados con el ejercicio de la Presidencia, el trámite corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de acuerdo con el procedimiento aplicable a los jefes de Estado.
Esto significa que la investigación sobre posibles irregularidades en el Dapre puede avanzar por una vía distinta de la que eventualmente examine la conducta del exmandatario.
El proceso deberá establecer si existen pruebas que permitan corroborar las afirmaciones de Jiménez, determinar la legalidad de los contratos mencionados y precisar si hubo alguna relación indebida entre su celebración y los hechos denunciados. Hasta que esas verificaciones se realicen, los señalamientos deben mantenerse en el terreno de las acusaciones pendientes de comprobación.
