La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ampliar y precisar la información entregada sobre las alternativas planteadas para recuperar económicamente la empresa de energía AIR-E S.A.S. E.S.P., intervenida por el Gobierno nacional.
El requerimiento se produjo luego de que la entidad respondiera a un primer oficio enviado por el organismo de control. Tras revisar el informe remitido, la Procuraduría advirtió que varias de las respuestas resultaron poco claras e insuficientes frente a los aspectos solicitados.
El Ministerio Público señaló que no se detallaron las propuestas orientadas a evitar una eventual liquidación de la empresa. Tampoco se explicaron con precisión las razones que han motivado los cambios de agentes especiales desde el inicio del proceso de intervención.
De igual forma, el informe no precisó las medidas adoptadas para garantizar la continuidad administrativa, la coherencia en la toma de decisiones y la trazabilidad del proceso durante las transiciones en la interventoría.
Por esta razón, en el marco de las acciones preventivas, las Procuradurías Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios solicitaron nuevamente a la Superservicios informar si actualmente existe un plan de solución estructurado para AIR-E, empresa encargada de la distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. En caso afirmativo, pidieron remitir la documentación que sustente dicha propuesta.
La Procuraduría resaltó que el seguimiento a este proceso reviste especial importancia, dado que el sector energético es estratégico para el desarrollo del país y para garantizar la prestación continua y eficiente de un servicio público esencial para millones de ciudadanos.
