Tito Lorenzo Lovo Carretero deberá explicar cómo se desarrollaron las dos vinculaciones de Jiménez con el Ministerio del Interior y qué controles se realizaron sobre sus obligaciones contractuales.
La Procuraduría General de la Nación citó a declarar a Tito Lorenzo Lovo Carretero, funcionario que supervisó dos contratos de prestación de servicios suscritos por Deicy Jiménez con el Ministerio del Interior, cuyo valor conjunto asciende a $41.608.338.
La diligencia está programada para el martes 10 de noviembre, un día después de la comparecencia de Jiménez ante el organismo de control, prevista para el lunes 9. Ambas actuaciones hacen parte de la indagación previa por las denuncias sobre presuntos ofrecimientos de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Los dos contratos bajo revisión
De acuerdo con la información contractual, la primera vinculación de Jiménez se realizó en 2025 por $11.151.338. La segunda fue firmada en enero de 2026 por $30.457.000 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
En ambos casos, el objeto contractual estaba relacionado con labores de apoyo a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, especialmente en el seguimiento de iniciativas financiadas o cofinanciadas con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Lovo Carretero confirmó que estuvo a cargo de supervisar los dos contratos. Según explicó, la dependencia necesitaba personal de apoyo debido a la falta de funcionarios de planta y Jiménez cumplía con el perfil requerido para desarrollar las actividades asignadas.
Sobre una eventual recomendación para contratarla, manifestó que no tenía conocimiento específico y que esas decisiones correspondían a la alta dirección del Ministerio.
¿Qué quiere establecer la Procuraduría?
Con la declaración del supervisor, el organismo de control busca conocer las condiciones en las que se realizaron las vinculaciones, las funciones que debía cumplir Jiménez y el seguimiento efectuado a sus obligaciones.
La indagación previa fue abierta el 26 de octubre, después de que se conocieran las denuncias sobre supuestos ofrecimientos de empleos y contratos públicos a cambio de encuentros sexuales.
La revisión de la Procuraduría también comprende información sobre vinculaciones de Jiménez con el Congreso de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Jiménez ya entregó declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. En esta última diligencia, que se extendió por más de 15 horas, amplió sus señalamientos y puso su teléfono celular a disposición de los investigadores para un análisis forense.
La citación de Lovo Carretero permitirá contrastar las denuncias con la documentación contractual y las explicaciones de quienes participaron en la supervisión. Hasta ahora, la existencia de los contratos y sus valores no demuestra por sí misma que hayan sido otorgados a cambio de favores sexuales.
