Cuatro fotografías inéditas de Deicy Jiménez, fechadas entre 2022 y 2024, se sumaron a la controversia por sus denuncias sobre presuntos ofrecimientos de contratos públicos a cambio de favores sexuales durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Las imágenes, conocidas este 5 de noviembre, la muestran en distintos espacios del Congreso de la República, entre ellos zonas cercanas a la mesa directiva del Senado y el patio Rafael Núñez, que comunica el Capitolio con la Casa de Nariño.
Uno de los registros corresponde al 6 de marzo de 2022. En esa fotografía, Jiménez aparece vestida de negro junto a uno de los atriles próximos a la mesa directiva del Senado. Para ese momento tenía un contrato en la división de Recursos Humanos de esa corporación por un valor de nueve millones de pesos.
Las imágenes también la ubican en las escalinatas del Capitolio. Otros registros corresponden a noviembre de 2024 y muestran a Jiménez en una terraza del centro de Bogotá, así como en escenarios campestres, donde aparece montando a caballo y junto a una cuatrimoto y vehículos de alta gama.
Cinco contratos bajo revisión
Las indagaciones periodísticas han identificado cinco contratos que Jiménez habría tenido con entidades públicas, entre ellas el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Senado. Algunos de esos vínculos coincidirían con periodos en los que Armando Benedetti estuvo al frente del Ministerio del Interior y María José Pizarro ocupó la primera vicepresidencia del Senado.
La aparición de las fotografías abre interrogantes sobre las condiciones en las que Jiménez accedió a espacios institucionales y sobre la forma en que llegó a obtener sus contratos. Según la información divulgada, las autoridades buscarían establecer quién gestionó su vinculación y qué funcionarios intervinieron en esos procesos.
Las fotografías permiten documentar su presencia en determinados lugares y fechas, pero por sí solas no demuestran que hubiera recibido contratos a cambio de favores sexuales ni acreditan una relación irregular con funcionarios del Gobierno.
La investigación deberá establecer si existieron intermediaciones indebidas, presiones o beneficios contractuales irregulares, así como la eventual responsabilidad de quienes participaron en las decisiones de contratación.
