Como resultado de la intervención de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó medidas cautelares dirigidas a prevenir nuevas afectaciones ambientales y a fortalecer la protección de la Ciénaga de la Virgen y de los sectores del margen derecho de La Boquilla, en Cartagena.
La decisión fue adoptada mediante Auto No. 222 del 7 de septiembre de 2026, dentro de la acción popular promovida por la Personería Distrital de Cartagena, proceso en el cual la Procuraduría 03 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena se constituyó como coadyuvante y solicitó expresamente el decreto de medidas cautelares, ante la gravedad y persistencia de las afectaciones advertidas.
La intervención del Ministerio Público se sustentó en la existencia de nuevas ocupaciones ilegales, rellenos, tala de manglar y construcciones en zonas de bajamar de la Ciénaga de la Virgen, así como en el riesgo de que la transformación progresiva del territorio pudiera ocasionar daños ambientales de difícil o imposible recuperación antes de que se profiriera una decisión definitiva en el proceso. La Procuraduría advirtió que la finalidad de las medidas solicitadas no era promover desalojos masivos, sino adoptar acciones urgentes de contención, vigilancia, coordinación institucional y protección ambiental.
El Tribunal encontró acreditada la existencia de una amenaza ambiental actual, derivada del carácter continuado de las ocupaciones, los rellenos y las talas, y concluyó que, aunque las autoridades han adelantado distintas actuaciones, estas se encuentran dispersas y no cuentan con un esquema verificable de coordinación, actualización, seguimiento y reacción. Para el Tribunal, el riesgo de que nuevas intervenciones consoliden daños de difícil reparación satisface el presupuesto de urgencia requerido para adoptar medidas cautelares.
El Tribunal ordenó al Distrito de Cartagena, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y a la Dirección General Marítima (DIMAR) mantener y ejecutar acciones de prevención, vigilancia, inspección, control e investigación frente a nuevas ocupaciones, rellenos, tala o afectación del manglar e intervenciones en zonas de bajamar, playas, cuerpos de agua y demás áreas ambientalmente protegidas del margen derecho de La Boquilla. Asimismo, les ordenó elaborar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, una matriz conjunta de protección y control, en la que deberán identificar las áreas priorizadas, su estado actual, las actividades de inspección, vigilancia y monitoreo, las autoridades responsables, los cronogramas, los indicadores de cumplimiento y las acciones que deberán activarse cuando se detecten nuevas intervenciones.
De igual forma, deberán presentar, dentro de los 30 días hábiles siguientes, un diagnóstico técnico actualizado de las áreas priorizadas, que permita establecer la localización y naturaleza de las nuevas intervenciones, las afectaciones al manglar, cuerpos de agua, zonas de bajamar y playas, los riesgos de agravamiento y las medidas de contención, control, restauración o recuperación que resulten procedentes.
