Una fuerte controversia se abrió dentro de la Fiscalía General de la Nación por las denuncias de varios funcionarios que cuestionan la manera como se estarían asignando cargos después del concurso de méritos convocado para proveer más de 4.000 plazas de carrera.
Según los fiscales que formularon las denuncias, el proceso habría terminado produciendo una situación que consideran contradictoria: funcionarios que no alcanzaron los puntajes requeridos para obtener un cargo de carrera habrían sido posteriormente ubicados en otras posiciones dentro de la entidad, algunas incluso con mejores condiciones laborales.
El señalamiento más delicado apunta a funcionarios que ya ocupaban cargos en provisionalidad y que decidieron presentarse al concurso con la intención de obtener estabilidad como empleados de carrera. Sin embargo, de acuerdo con las denuncias conocidas por Semana, algunos no superaron las pruebas y, pese a ello, no habrían salido de la institución.
Por el contrario, los denunciantes aseguran que varios de esos funcionarios fueron trasladados o nombrados en otros cargos y que algunos incluso habrían terminado en posiciones consideradas más favorables.
“Perdieron el concurso y los ubicaron”, es la expresión que, según los funcionarios que hablaron sobre el caso, resume la inconformidad que existe al interior del ente acusador.
Uno de los casos expuestos corresponde, según la denuncia, a una funcionaria que se encontraba vinculada como fiscal especializada en provisionalidad en la Dirección de Derechos Humanos del nivel central, en Bogotá.
La funcionaria habría participado en el concurso para acceder a un cargo de fiscal especializada de carrera, pero no habría alcanzado el puntaje necesario. Pese a ello, los denunciantes aseguran que recientemente fue posesionada en otro cargo dentro de la institución.
Los funcionarios que cuestionan el proceso incluso hablan de supuestas “palancas políticas” detrás de algunas designaciones. Sin embargo, esas afirmaciones corresponden a las denuncias de los trabajadores y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Otro de los puntos que genera molestia está relacionado con la ubicación geográfica de algunos funcionarios.
De acuerdo con los denunciantes, personas que fueron asignadas a cargos en diferentes seccionales del país no habrían asumido sus funciones en las ciudades correspondientes. A pesar de tener su nómina vinculada a determinadas regiones, continuarían desempeñando sus labores en Bogotá.
Los fiscales aseguran que, en algunos casos, la situación habría sido solucionada mediante modificaciones en los identificadores de los cargos para permitir que los funcionarios permanecieran en el nivel central, mientras sus salarios continuaban siendo pagados con cargo a las nóminas de las respectivas seccionales.
La denuncia también cuestiona la actuación de algunos funcionarios encargados de definir cuáles cargos debían quedar protegidos frente al concurso.
Según los fiscales inconformes, quienes participaron en esas decisiones habrían terminado beneficiándose directamente de las determinaciones adoptadas o protegiendo los puestos de funcionarios cercanos.
Mientras tanto, otro grupo de fiscales sostiene que quienes obtuvieron los mejores resultados en el concurso terminaron enfrentando dificultades para acceder a los cargos y definir las ciudades en las que debían trabajar.
Uno de los problemas señalados está relacionado con fallas en la conexión a internet que habrían afectado el proceso de selección o asignación de plazas.
Los denunciantes consideran especialmente grave que funcionarios con años de experiencia y buenos resultados en las pruebas hayan terminado relegados, mientras personas que no superaron el concurso continuarían ocupando posiciones dentro de la Fiscalía.
“Años dedicados a la entidad y de un plumazo rifan los cargos”, es una de las frases utilizadas por los funcionarios para describir su inconformidad.
Las denuncias ya fueron llevadas a escenarios judiciales mediante acciones de tutela y también se habrían presentado requerimientos ante el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Según los funcionarios, esas solicitudes no habrían recibido una respuesta que permita solucionar las situaciones denunciadas.
El malestar crece precisamente porque el concurso fue presentado como un mecanismo para fortalecer la carrera administrativa y garantizar que el acceso a los cargos se realizara con criterios de mérito.
La controversia plantea ahora un interrogante central: ¿qué ocurre con quienes ganaron el concurso si funcionarios que no superaron las pruebas continúan ocupando cargos o son reubicados dentro de la institución?
Por ahora, las denuncias hacen parte de actuaciones y reclamaciones que buscan establecer si efectivamente hubo irregularidades en la asignación, reubicación o protección de determinados cargos.
La Fiscalía deberá explicar cómo se realizaron los nombramientos y movimientos posteriores al concurso, cuáles fueron los criterios utilizados para las reubicaciones y si los funcionarios señalados cumplían los requisitos legales para asumir las nuevas posiciones.
El caso pone nuevamente bajo la lupa la transparencia de los procesos de selección dentro del ente acusador y deja abierta una discusión de fondo sobre el verdadero alcance del mérito cuando quienes obtuvieron los mejores resultados aseguran que todavía esperan por los cargos que ganaron.
