El magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández Andrade reclama cerca de $1.400 millones a la Contraloría General de la República por los perjuicios que, según sostiene, le habría causado un proceso de responsabilidad fiscal iniciado hace más de una década.
El caso permanece desde hace aproximadamente seis meses en la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde se encuentra “para fallo”. La demanda está relacionada con hechos ocurridos cuando Fernández se desempeñaba como secretario jurídico del Instituto Nacional de Vías (Invías), entre 2003 y 2006.
De acuerdo con el expediente conocido por Semana, la Contraloría abrió en 2012 un proceso de responsabilidad fiscal contra Fernández por un presunto detrimento patrimonial calculado inicialmente en unos $13.000 millones.
Como parte de la actuación, el organismo de control ordenó el embargo de las cuentas del entonces funcionario. La medida, según la demanda, afectó su patrimonio y le generó restricciones para realizar operaciones financieras y participar en contratos con entidades públicas.
El embargo se mantuvo hasta 2016, cuando la Contraloría cerró la investigación al determinar que no estaba probada la responsabilidad fiscal de Fernández y que el organismo carecía de competencia para continuar con el proceso.
A partir de esa actuación, el actual magistrado acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar una reparación económica y medidas encaminadas a restablecer su buen nombre.
Según la demanda, Fernández considera que la apertura del proceso fiscal le produjo una afectación grave en su vida personal y profesional, además de perjuicios relacionados con su reputación, sus derechos laborales y su ejercicio como abogado.
Uno de los argumentos centrales es que la Contraloría habría iniciado el procedimiento sin tener competencia para hacerlo. Por ello, la defensa sostiene que la actuación estatal configuró una falla del servicio que habría provocado daños morales y patrimoniales.
El magistrado no solo reclama una compensación económica. También solicita que la Contraloría realice un acto público de reparación y reconozca oficialmente la afectación que, según él, sufrió su buen nombre.
La pretensión incluye que el organismo de control ofrezca disculpas públicas y haga un reconocimiento de la supuesta responsabilidad estatal, debido a que las noticias sobre la investigación fueron difundidas en distintos medios de comunicación.
La Contraloría, sin embargo, rechaza de manera contundente las pretensiones de Fernández.
El organismo sostiene que no existió una falla del servicio y que el proceso fiscal adelantado en su momento correspondió a un trámite en el que se garantizaron los derechos de defensa y contradicción.
La entidad también argumenta que los perjuicios reclamados no fueron demostrados y que las afectaciones económicas y morales planteadas por Fernández corresponden, según su posición, a expectativas o supuestos que no permiten ordenar una indemnización.
Para la Contraloría, haber sido objeto de una investigación fiscal no constituye por sí mismo un daño indemnizable, especialmente cuando durante el procedimiento se garantizaron las garantías procesales.
El organismo de control pidió, por esa razón, que se nieguen las pretensiones relacionadas con daño moral, lucro cesante, daño emergente y cualquier otra forma de reparación solicitada.
El proceso adquiere especial relevancia por el cargo que actualmente ocupa Fernández y por las controversias que han rodeado su nombre durante los últimos meses.
El magistrado ha vuelto a estar en el centro de la discusión pública luego de que apareciera mencionado en informaciones relacionadas con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Su nombre fue incluido en chats atribuidos a la entonces consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz y al senador Iván Name, divulgados en el contexto de las investigaciones sobre el supuesto manejo irregular de recursos de la UNGRD y las gestiones que rodearon la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Estas revelaciones han generado cuestionamientos políticos y públicos, aunque cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes y bajo las garantías del debido proceso.
La propia Corte Constitucional se pronunció recientemente sobre la controversia y recordó la importancia de respetar la presunción de inocencia de sus magistrados y magistradas.
En ese contexto, la demanda contra la Contraloría representa otro capítulo judicial en la trayectoria de Fernández, quien ha ocupado cargos como procurador delegado ante el Consejo de Estado, secretario general de la Federación Nacional de Departamentos, asesor jurídico de la Comisión de Regulación de Agua Potable, funcionario de la Contraloría y secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro.
Ahora será el Consejo de Estado el encargado de determinar si la actuación de la Contraloría efectivamente produjo un daño antijurídico que deba ser indemnizado y, eventualmente, si las pretensiones económicas y de reparación solicitadas por Fernández tienen sustento jurídico.
El fallo podría poner punto final a una controversia que comenzó hace cerca de 15 años y que hoy vuelve a adquirir relevancia por el alto cargo que ocupa el demandante en la justicia constitucional.
