A través de un pronunciamiento, el movimiento político aseguró que “no existe ni existirá acuerdo político que comprometa la justicia”, al tiempo que manifestó su respaldo a que la Fiscalía continúe adelantando las actuaciones correspondientes mientras se define cuál autoridad tiene competencia sobre el caso.
“Respaldamos que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime la competencia”, señaló el Pacto Histórico.
La controversia se concentra precisamente en determinar cuál es el órgano competente para asumir las actuaciones relacionadas con el expresidente. Mientras se resuelve este punto jurídico, el llamado del Pacto Histórico es a evitar que el proceso quede condicionado por acuerdos o decisiones de carácter político.
La colectividad también buscó dejar claro que cualquier definición sobre la responsabilidad jurídica de una persona debe permanecer en el ámbito de las instituciones encargadas de administrar justicia y no depender de negociaciones entre sectores políticos.
El pronunciamiento ocurre en medio de la tensión generada por la votación de la Comisión de Acusación, escenario que abrió un nuevo debate sobre los límites entre las competencias del Congreso y de la Fiscalía cuando se trata de investigaciones que involucran a altos funcionarios o exmandatarios.
Ahora será la Corte Constitucional la que tendrá un papel determinante al dirimir la controversia sobre la competencia. Hasta que exista una decisión, el Pacto Histórico considera que la Fiscalía debe continuar con la investigación.
El caso vuelve así al centro de la discusión política y jurídica del país, mientras distintas fuerzas buscan fijar posición frente a un proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe y que, por sus implicaciones institucionales, mantiene la atención de la opinión pública.
