Un documento firmado tras una reunión entre altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y antiguos jefes paramilitares abrió nuevos interrogantes sobre los compromisos adquiridos en el llamado Pacto de Valledupar. Entre las propuestas consignadas aparecen la exploración de excarcelaciones, la creación de colonias agrícolas para la resocialización y el estudio de mecanismos legales relacionados con la extradición.
La información, revelada por una investigación periodística publicada el 20 de octubre, se refiere a un encuentro realizado el 24 de octubre de 2025, cuando representantes del Ejecutivo se reunieron con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) designados como gestores de paz. El propósito anunciado era avanzar en un proceso de esclarecimiento de la verdad sobre el paramilitarismo y su relación con la política y la economía colombianas.
Entre los funcionarios mencionados en la investigación figuran Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); el asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
De acuerdo con el documento citado en la publicación, el Gobierno y los representantes de los exparamilitares acordaron elaborar un plan de trabajo con tareas concretas para avanzar en el proceso. Uno de los compromisos establecía que, en los diez días hábiles siguientes, los gestores de paz debían actualizar ese plan.
Los beneficios que quedaron consignados
Uno de los puntos más sensibles del documento plantea “explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión”, además de revisar sus condiciones de reclusión mientras se definía su situación jurídica.
El texto también propone retomar la iniciativa de las colonias agrícolas como una alternativa de resocialización y aporte productivo a las comunidades.
Pero el apartado que más preguntas puede generar es el relacionado con los mecanismos jurídicos que el Estado estudiaría como incentivos para quienes participaran en el proceso. La investigación cita un fragmento que incluye la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz dentro de los centros de reclusión y la acumulación jurídica de penas.
La referencia a la extradición requiere una precisión: el documento habla de estudiar mecanismos legales. Eso no equivale a una decisión de suspender extradiciones, conceder beneficios automáticos o garantizar la libertad de los antiguos comandantes.
El alcance jurídico de esas propuestas dependerá de las normas aplicables, de las competencias de cada autoridad y de las decisiones que eventualmente se hayan adoptado para ejecutarlas.
La controversia por los testimonios sobre políticos
El encuentro también quedó bajo escrutinio por las declaraciones posteriores de funcionarios del Gobierno y las versiones sobre el interés en obtener nuevos testimonios acerca de la relación entre el paramilitarismo y figuras políticas.
Según la investigación, dos personas que participaron en la reunión señalaron que los funcionarios plantearon la posibilidad de nuevas revelaciones sobre la participación de políticos en el fenómeno de las autodefensas. Los excomandantes se habrían opuesto a declarar sobre nombres específicos, entre otras razones por los riesgos jurídicos que, según esas fuentes, podrían afrontar si contradecían versiones entregadas anteriormente ante la justicia.
La publicación sostiene que, aunque los nombres de Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella no quedaron incluidos expresamente en el documento firmado, el acuerdo sí contemplaba revisar información sobre las conexiones económicas y políticas del paramilitarismo.
Es importante distinguir entre las versiones recogidas por la investigación, los compromisos consignados en el documento y los hechos que eventualmente puedan probarse ante las autoridades. La existencia de un acuerdo para buscar información no demuestra, por sí sola, que las declaraciones estuvieran dirigidas a fabricar acusaciones ni que los políticos mencionados hayan cometido delitos.
La controversia creció después de que Angie Rodríguez se refiriera públicamente al interés del Gobierno en conocer nuevas verdades sobre sectores de la política colombiana. También se conocieron versiones contrapuestas sobre el alcance de las conversaciones y sobre si existieron presiones indebidas.
Benedetti habló de revelaciones que podrían sacudir a la política
Tras los acercamientos con los gestores de paz, Armando Benedetti afirmó que varios de ellos se habían comprometido a contar la verdad y anticipó que sus declaraciones podrían sorprender al país, especialmente a sectores de la clase política.
La expectativa generada por esas palabras contrasta con los interrogantes que ahora surgen sobre las condiciones ofrecidas para obtener nuevos testimonios. Si el Estado buscaba información relevante para esclarecer la parapolítica, resulta necesario establecer cuáles fueron las garantías jurídicas planteadas, quiénes las aprobaron y qué controles se contemplaron para evitar que el proceso se convirtiera en un instrumento de presión o de confrontación electoral.
La investigación también recuerda que varios de los antiguos comandantes ya habían entregado versiones ante la justicia en procesos relacionados con Justicia y Paz. Por eso, cualquier nueva declaración tendría que contrastarse con los expedientes existentes, las pruebas disponibles y los testimonios anteriores.
¿Un proceso de verdad o un acuerdo con beneficios por esclarecer?
El documento deja abiertas preguntas que requieren respuestas oficiales. ¿Qué autoridad tenía la competencia para estudiar las excarcelaciones y las condiciones carcelarias propuestas? ¿Qué alcance concreto tendría la revisión de mecanismos relacionados con la extradición? ¿Se realizaron estudios jurídicos para determinar la viabilidad de las propuestas? ¿Qué avances tuvo el plan de trabajo y qué resultados verificables produjo?
También será relevante establecer si los beneficios mencionados fueron simples propuestas de discusión o si se tradujeron en actuaciones administrativas o judiciales. Esa diferencia es fundamental para determinar el alcance real de los compromisos.
El esclarecimiento de los vínculos entre paramilitares, políticos y sectores económicos es un asunto de interés público. Sin embargo, cualquier proceso de verdad debe contar con garantías para los declarantes, controles judiciales y mecanismos que permitan verificar sus afirmaciones, sin conceder impunidad ni convertir los testimonios en herramientas de persecución política.
La documentación conocida hasta ahora puede servir como punto de partida para que los organismos de control y la justicia determinen qué se acordó, qué se ofreció y si las actuaciones se ajustaron a la ley. La pregunta central es si el Gobierno logró establecer una ruta jurídicamente viable para esclarecer hechos del conflicto o si los compromisos adquiridos terminaron creando riesgos para la independencia y la credibilidad del proceso.
