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‘Pacto de Valledupar’ escala al plano judicial: Radican denuncia penal contra el expresidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones

Noticias BQ por Noticias BQ
20 octubre, 2026
en Colombia
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‘Pacto de Valledupar’ escala al plano judicial: Radican denuncia penal contra el expresidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones
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La bancada parlamentaria de Salvación Nacional solicitó investigar formalmente al exmandatario por el presunto uso indebido de escenarios institucionales de la ‘Paz Total’ para orquestar ataques sistemáticos y montajes contra sus opositores políticos.

Un nuevo sacudón judicial sacude el mapa político colombiano tras la formalización de una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en contra del expresidente Gustavo Petro Urrego. La acción fue interpuesta por la bancada del partido Salvación Nacional, encabezada por la representante a la Cámara Carol Borda, al considerar que existen indicios suficientes para investigar la responsabilidad directa del exjefe de Estado en el entramado denominado el ‘Pacto de Valledupar’.

La controversia escaló tras conocerse testimonios e interacciones públicas de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y el gestor de paz Juan Carlos Villamizar, cuyas versiones exponen presuntas intenciones de instrumentalizar encuentros oficiales con antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para perjudicar la imagen de figuras clave de la oposición.

«¡Radicamos denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes! Solicitamos investigar el presunto uso e instrumentalización de reuniones institucionales con excomandantes de las AUC en Valledupar para promover acusaciones con fines político-electorales contra líderes de la oposición al gobierno Petro, entre ellos el presidente Abelardo De La Espriella», afirmó la representante Carol Borda.

Los señalamientos: ¿Estrategia de Paz o persecución política?

El texto radicado ante la célula legislativa sostiene que bajo la mampara de eventos gubernamentales dedicados a la restitución de tierras y la consolidación de la reconciliación nacional, se habrían estructurado compromisos paralelos para inducir a exjefes paramilitares a emitir declaraciones descalificatorias sin sustento probatorio.

Los líderes políticos objeto de este presunto entramado difamatorio corresponden a figuras de primer nivel en el espectro opositor: el hoy presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El documento petitorio de la bancada es categórico al exigir que el Congreso determine si Petro ordenó directamente la orquestación de estos testimonios:

«La presente actuación se fundamenta en las declaraciones públicas conocidas recientemente (…) las cuales plantean serios interrogantes sobre la posible utilización de espacios institucionales relacionados con la política de paz y reconciliación para perseguir objetivos de naturaleza político-electoral».

Las versiones encontradas: La defensa de Petro vs. los audios de Mancuso

Ante la ola de señalamientos, el expresidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus canales digitales oficiales para negar tajantemente la existencia de conspiración alguna, asegurando que las reuniones en la capital del Cesar se limitaron al seguimiento formal de los acuerdos de paz y la devolución de predios a las víctimas del conflicto.

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«Este es el comunicado que salió de la reunión oficial con los paramilitares y que se firmó. Buscaba cerrar el proceso de Ralito para garantizar la devolución de todos los bienes de los paramilitares a las víctimas, completar la verdad sobre financiadores y garantizar seguridad jurídica de acuerdo a la justicia restaurativa», argumentó Petro en su cuenta oficial de X.

Sin embargo, las matizaciones vertidas por Salvatore Mancuso y las revelaciones de chats y audios cruzados entre exfuncionarios de la Casa de Nariño riñen con la versión del exmandatario. Mientras que la defensa de Petro insiste en que las actuaciones correspondieron a la estricta política pública de paz, los sectores denunciantes aseguran que el ‘Pacto de Valledupar’ vulneró las garantías democráticas y distorsionó la justicia restaurativa para fines de manipulación electoral.

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