Laura Sarabia, exjefa de Gabinete durante el gobierno de Gustavo Petro, rechazó los cargos formulados en su contra por la Fiscalía General de la Nación por el episodio que terminó con su exniñera Marelbys Meza sometida a una prueba de polígrafo en instalaciones de la Presidencia de la República.
Durante la audiencia de imputación, la juez primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá le preguntó directamente si aceptaba los delitos atribuidos por el ente investigador. Sarabia fue contundente en su respuesta:
“No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”.
La Fiscalía le imputó abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, delitos relacionados con la presunta utilización irregular de recursos y equipos estatales para esclarecer la desaparición de un maletín con dinero.
La teoría del caso presentada por la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández, sostiene que Sarabia habría ordenado al entonces jefe de protección presidencial, coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, practicarle una prueba de polígrafo a Meza.
Según la Fiscalía, la instrucción se habría producido el 29 de enero de 2023, después de que Sarabia reportara la desaparición del dinero de un maletín en su apartamento.
El ente acusador considera que la entonces funcionaria utilizó su posición dentro de la Presidencia para disponer de mecanismos de seguridad del Estado en la atención de un asunto que, según su hipótesis, era de carácter personal.
El polígrafo que puso el caso bajo la lupa
La Fiscalía reconstruyó durante la audiencia lo ocurrido al día siguiente. El 30 de enero de 2023, Marelbys Meza habría sido trasladada por integrantes del esquema de seguridad hasta las instalaciones del DAPRE ubicadas en el edificio Galán, en el centro de Bogotá.
Allí se realizó la prueba de polígrafo, procedimiento que, de acuerdo con la Fiscalía, tuvo una duración de entre tres y cuatro horas y quedó registrado en un DVD.
Las preguntas, según el ente investigador, estuvieron dirigidas específicamente a establecer qué había ocurrido con el dinero que desapareció del maletín de Sarabia.
Para la Fiscalía, el problema no estaría solamente en la realización de la prueba, sino en quién ordenó el procedimiento, con qué propósito y utilizando qué recursos.
La fiscal Hernández sostuvo que los equipos de poligrafía entregados al área de protección presidencial tenían finalidades específicas relacionadas con procesos de seguridad, ingreso de funcionarios y evaluación de confiabilidad, y no podían ser utilizados para resolver asuntos particulares.
Fiscalía habla de una extralimitación
Uno de los principales argumentos de la acusación apunta a que Sarabia habría sobrepasado las competencias que tenía como jefa del despacho presidencial.
La fiscal aseguró que las funciones de Sarabia estaban relacionadas con la asesoría al presidente, la coordinación de asuntos estratégicos, políticos y de agenda, pero no contemplaban la facultad de activar equipos de inteligencia o seguridad para investigar la pérdida de bienes personales.
“Usted sabía que estaba emitiendo una orden fuera de su competencia”, sostuvo la fiscal durante su intervención.
El ente investigador también planteó que la relación laboral entre Sarabia y Meza generaba un desequilibrio de poder que habría dificultado que la entonces trabajadora pudiera negarse a realizar el procedimiento.
Según la Fiscalía, Sarabia habría sido consciente de esa situación y de que estaba utilizando mecanismos estatales para un asunto relacionado con sus propios intereses.
Sarabia enfrentará el proceso sin aceptar responsabilidad
La imputación no significa que Sarabia haya sido declarada culpable. Al contrario, la exfuncionaria decidió no aceptar los cargos, por lo que será dentro del proceso judicial donde la Fiscalía deberá demostrar sus señalamientos y la defensa tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas.
El caso mantiene bajo escrutinio las actuaciones que se produjeron después de la desaparición del dinero y, especialmente, la utilización de recursos de la Presidencia para someter a Marelbys Meza a un procedimiento de polígrafo.
Ahora será la justicia la que determine si las actuaciones atribuidas a Sarabia constituyeron efectivamente los delitos formulados por el ente acusador.
