La decisión se produjo luego de una revisión de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de Guerrero. Según los reportes conocidos, los análisis realizados por la entidad concluyeron que no existían razones suficientes para mantener las medidas de protección, que incluían escoltas y otros recursos destinados a garantizar su seguridad.
El caso adquirió especial atención debido a que Guerrero había contado con un esquema de seguridad pese a no desempeñar actualmente un cargo público. Su protección ya había generado cuestionamientos meses atrás, especialmente por el número de recursos asignados y por las circunstancias que llevaron a la UNP a otorgarle las medidas.
La salida de los escoltas ocurre, además, en medio del proceso judicial que enfrenta Guerrero por el escándalo de sus títulos académicos. La Fiscalía la señaló por hechos relacionados con la presentación de documentación irregular para acreditar estudios que le permitieran cumplir los requisitos exigidos para ocupar cargos dentro del Gobierno.
El caso tomó un nuevo giro después de que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, aceptara su responsabilidad en la expedición de documentos académicos falsos a nombre de Guerrero. Un juez lo condenó a 36 meses de prisión, aunque con suspensión condicional de la ejecución de la pena.
De acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez autorizó la expedición de diplomas que acreditaban a Guerrero como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, pese a que no había cumplido los requisitos académicos correspondientes.
La propia Guerrero terminó reconociendo los hechos dentro del acuerdo alcanzado con la Fiscalía. En la audiencia manifestó su arrepentimiento por haber presentado documentación irregular y admitió su responsabilidad en el fraude procesal relacionado con la actualización de su hoja de vida y la presentación de los documentos ante entidades estatales.
La controversia alrededor de su esquema de seguridad, por tanto, se suma a una cadena de episodios que han marcado su trayectoria pública: su ascenso dentro del Gobierno, la fallida postulación como viceministra de Juventudes, el escándalo por sus títulos y ahora la revisión de las medidas de protección que le habían sido asignadas.
La UNP, bajo la nueva administración, viene revisando diferentes esquemas otorgados durante el Gobierno anterior y ha anunciado decisiones sobre personas cuyos niveles de riesgo, según las evaluaciones técnicas, ya no justificarían el uso de recursos públicos para su protección.
El retiro de los escoltas abre nuevamente una pregunta que había generado polémica desde que se conoció que Guerrero contaba con protección oficial: ¿bajo qué criterios se asignaron inicialmente esas medidas y por qué se mantuvieron durante tanto tiempo?
Por ahora, la decisión de la UNP marca un nuevo capítulo para una exfuncionaria cuyo nombre pasó de los círculos de poder de la Casa de Nariño a los titulares judiciales por el escándalo de los títulos universitarios.
