La estrategia busca atacar, principalmente, los retrasos en la entrega de tratamientos y el represamiento de medicamentos, con especial atención en pacientes que padecen enfermedades crónicas o requieren medicamentos de alto costo.
El propósito de la administración es intervenir varios de los obstáculos que, según los usuarios, terminan convirtiendo la entrega de un medicamento formulado por un médico en un proceso prolongado, con trámites y respuestas que pueden tardar semanas.
Uno de los componentes centrales de la estrategia será la destinación de recursos para atender las obligaciones pendientes con dispensarios y gestores farmacéuticos. La intención es recuperar el flujo de recursos dentro de la cadena de suministro y reducir el riesgo de interrupciones en la entrega.
Menos trámites para acceder a tratamientos
Otro de los cambios planteados apunta directamente a las barreras administrativas.
El Gobierno busca eliminar procedimientos considerados innecesarios, entre ellos autorizaciones que deben solicitarse de manera repetitiva y renovaciones frecuentes de fórmulas para pacientes que reciben tratamientos permanentes.
La apuesta es que una persona con una enfermedad crónica no tenga que enfrentarse continuamente al mismo proceso burocrático para recibir un medicamento que ya ha sido formulado como parte de un tratamiento de largo plazo.
La medida pretende reducir los tiempos entre la formulación médica y la entrega efectiva del medicamento, aunque su implementación requerirá ajustes en los procedimientos utilizados por las entidades responsables del suministro.
Una Central Unificada de Quejas
Dentro del paquete anunciado también aparece la creación de una Central Unificada de Quejas para medicamentos.
La herramienta tendría como objetivo concentrar y agilizar los reclamos relacionados con retrasos, dificultades en la entrega y eventuales problemas de desabastecimiento.
Con este mecanismo, el Gobierno pretende contar con una herramienta que permita identificar con mayor rapidez dónde se están presentando los problemas y dar seguimiento a los casos reportados por los pacientes.
La apuesta es que las quejas no terminen dispersas entre diferentes entidades y que los usuarios tengan un canal más directo para reclamar cuando un tratamiento no sea entregado oportunamente.
Control a los precios y cambios en el sistema de financiación
Las modificaciones también contemplan medidas relacionadas con el precio de los medicamentos.
El Gobierno plantea fortalecer los mecanismos de control para evitar incrementos que terminen afectando las finanzas del sistema de salud y, de manera indirecta, el acceso de los pacientes a los tratamientos.
A esto se sumaría la denominada “retoma de la política de Presupuestos Máximos”, mecanismo utilizado para asignar recursos destinados a financiar determinados servicios y tecnologías en salud que no se encuentran cubiertos por la UPC.
La administración también plantea fortalecer al Invima con el propósito de agilizar procesos relacionados con registros sanitarios y licencias.
El objetivo, de acuerdo con el planteamiento gubernamental, es reducir tiempos administrativos sin sacrificar los controles necesarios para garantizar la seguridad y calidad de los medicamentos que llegan a los pacientes.
El reto: pasar de los anuncios a las farmacias
Aunque las medidas planteadas prometen modificar varios de los problemas que afectan actualmente la entrega de medicamentos, uno de los principales desafíos será llevarlas de los anuncios a la operación cotidiana del sistema.
Para los pacientes, el resultado se medirá en algo mucho más concreto: que el medicamento formulado esté disponible cuando lo necesitan y que no tengan que repetir trámites para continuar un tratamiento que ya fue autorizado.
La estrategia del Gobierno de De la Espriella apunta así a intervenir tanto la parte financiera como la administrativa de la cadena de suministro, desde el pago de las obligaciones con gestores farmacéuticos hasta los procedimientos que enfrentan los usuarios.
El éxito de estas medidas dependerá de su ejecución, de los recursos efectivamente destinados y de la capacidad de las entidades del sector para coordinar la entrega de los tratamientos.
Por ahora, el Gobierno plantea una transformación que pretende atacar uno de los problemas más sensibles para los usuarios del sistema: que tener una fórmula médica no termine siendo el comienzo de una nueva carrera de obstáculos para conseguir el medicamento.
