Una jueza federal de Boston, Massachusetts, suspendió este viernes de manera temporal la orden de la administración del expresidente Donald Trump que revocaba el permiso de la Universidad de Harvard para matricular estudiantes extranjeros.
La decisión judicial responde a una moción presentada por la propia universidad, que alegó que la medida del Gobierno ocasionaría “un daño inmediato e irreparable”, según indicó la jueza de distrito Allison D. Burroughs en su fallo.
La orden de restricción entró en vigor de forma inmediata y se mantendrá al menos hasta el próximo 27 de mayo, fecha en la que se celebrará una audiencia en la que deberán comparecer representantes de ambas partes.
La administración Trump había notificado a Harvard la revocación de su participación en el Programa de Estudiantes y Visitantes Extranjeros, lo que le impediría matricular a nuevos alumnos internacionales y obligaría a los ya inscritos a trasladarse a otras instituciones para no perder su estatus migratorio.
La decisión fue comunicada a través de una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y ha generado una fuerte reacción de la institución, que volvió a presentar una demanda contra el Gobierno federal.
Harvard argumenta que la presencia de estudiantes internacionales —que representan alrededor del 25 % de su comunidad académica— es fundamental para su funcionamiento, y que la revocación del permiso ha afectado programas académicos, laboratorios de investigación, clínicas y cursos.
La disputa legal se suma a otro frente abierto entre Harvard y la administración republicana. En abril, la universidad presentó una demanda tras la suspensión de 2.600 millones de dólares en financiación federal, medida que el Gobierno justificó por supuestas prácticas antisemitas y de “discriminación positiva” en el campus.
La decisión de la jueza Burroughs representa un nuevo revés legal para el Gobierno de Trump en su intento por restringir la política migratoria en el ámbito educativo, y marca un punto crítico en la creciente tensión entre el Ejecutivo federal y las universidades más prestigiosas del país.
