Un juez federal de Miami rechazó el miércoles un pedido del empresario colombiano Alex Saab, acusado de lavado de cientos de millones de dólares a través de negocios corruptos con el gobierno de Nicolás Maduro, y ordenó que todas sus audiencias judiciales sean en persona en los tribunales.
Saab le había solicitado al juez Robert Scola que limitara la participación del público y la prensa en las audiencias, que hasta ahora se realizaban de manera virtual por Zoom alegando que algunas personas infringieron las leyes estadounidenses al tomar fotografías y videos durante una videoconferencia.
“El primer pedido es negado como discutible”, dijo el juez Scola en su fallo de dos páginas refiriéndose a la solicitud de Saab de imitar el público en las audiencias. “Considerando la reducida cantidad de casos de Covid-19 y las elevadas tasas de vacunación en la comunidad del Sur de la Florida, la Corte intenta realizar todos los procedimientos de esta acción en persona. En consecuencia, no existe ningún riesgo adicional de que se tomen fotografías indebidas en procedimientos de videoconferencias”, expresó el magistrado.
Scola, sin embargo, accedió a otro pedido de Saab: el de investigar a las personas que habrían tomado esas imágenes en la primera —y única hasta ahora— comparecencia de Saab ante el tribunal.
La decisión del juez tuvo lugar dos semanas después de que Saab efectuara su pedido. El caso de Saab, considerado por Estados Unidos como un presunto testaferro de Maduro, ha ganado interés internacional y decenas de periodistas se conectaron a su primera audiencia el 18 de octubre. En esa oportunidad había más de 300 participantes, entre familiares, activistas opositores venezolanos, y medios de prensa, además de abogados y fiscales.
Saab no acudió a la corte sino que se conectó a la audiencia de manera virtual desde una sala de la prisión federal donde está detenido desde que a mediados de octubre fue extraditado desde Cabo Verde.
En su moción de 12 páginas Saab le aseguraba al juez que buscaba eliminar el acceso público a las audiencias, que es un derecho constitucional, y le pedía que oficiara como una especie de portero para impedir la violación de las normativas que prohíben fotos y videos.
Su propósito era que sólo un puñado de periodistas acreditados pudieran acceder a las audiencias de Zoom, junto con abogados y familiares, y que el resto del público y los medios lo hicieran por teléfono.
