El vicepresidente José Manuel Restrepo salió en defensa del denominado ‘Libro de la verdad’, el documento elaborado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella durante el proceso de transición y que fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que los organismos competentes determinen si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
Restrepo sostuvo que la elaboración del informe respondió a una instrucción concreta del presidente Abelardo De La Espriella y aseguró que el propósito no era construir un documento político, sino realizar una revisión técnica de las condiciones en las que la nueva administración recibió el Estado.
“Es clara”, afirmó el vicepresidente al referirse a la orientación impartida por el mandatario. Según explicó, De La Espriella pidió que el trabajo se desarrollara bajo criterios de rigurosidad, documentación y verificación, con el objetivo de identificar situaciones que pudieran comprometer los recursos públicos o el funcionamiento de las instituciones.
El informe fue presentado oficialmente el pasado 18 de agosto, durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. En esa jornada, el presidente entregó el documento a los organismos de control y dejó claro que corresponde a las autoridades establecer si los hechos reportados constituyen delitos o faltas.
El llamado ‘Libro de la verdad’ tiene 135 páginas y reúne 82 casos documentados durante el proceso de empalme. De acuerdo con Restrepo, el trabajo contó con la participación de más de 1.200 profesionales y utilizó herramientas de análisis forense e inteligencia artificial para contrastar información, documentos, cifras y datos recopilados durante la transición.
Uno de los principales hallazgos, según el vicepresidente, fue que las situaciones encontradas no necesariamente correspondían a hechos aislados. El equipo identificó nueve comportamientos o actuaciones críticas que, de acuerdo con el análisis realizado, se repiten en diferentes entidades y sectores de la administración pública.
Restrepo explicó que entre las preocupaciones detectadas aparecen prácticas que podrían poner en riesgo los recursos de los colombianos y afectar la integridad de las instituciones. Sin embargo, enfatizó que la inclusión de un caso en el documento no significa que exista una condena ni que una persona determinada sea responsable de un delito.
Precisamente, el Gobierno ha insistido en que el informe constituye un insumo para las investigaciones y no una sentencia. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberán analizar cada situación dentro de sus respectivas competencias y establecer si existen méritos para iniciar procesos.
Durante la presentación del documento, De La Espriella manifestó que su Gobierno tenía el deber de poner en conocimiento de las autoridades cualquier información relacionada con posibles irregularidades. El mandatario sostuvo que el Ejecutivo no tiene la competencia para determinar responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias, pero sí la obligación de entregar la información cuando existan elementos que ameriten revisión.
La discusión alrededor del documento se produce en medio de una fuerte controversia política. El informe concentra buena parte de sus hallazgos en decisiones, contratos, programas y actuaciones correspondientes a la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro.
Entre los asuntos mencionados públicamente por el Gobierno aparecen cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), contratación, nóminas, programas sociales y diferentes entidades estatales. No obstante, cada uno de esos casos tendrá que ser evaluado de manera individual por las autoridades encargadas de determinar si hubo irregularidades y, eventualmente, responsabilidades.
Restrepo también ha advertido que el documento presentado no representa el cierre de las revisiones. Por el contrario, lo calificó como un punto de partida para continuar identificando posibles patrones de comportamiento irregular dentro del Estado.
El vicepresidente señaló que los ministros y directores de entidades deberán mantener la revisión de las instituciones que recibieron y reportar a los organismos competentes cualquier situación que pueda revestir carácter irregular.
De esta manera, el Gobierno pretende convertir el denominado ‘empalme anticorrupción’ en un proceso permanente de revisión de la administración pública. La intención, según Restrepo, es que la documentación permita establecer qué ocurrió, proteger los recursos públicos y evitar que prácticas consideradas riesgosas vuelvan a repetirse.
El documento ya está en manos de los organismos de control, por lo que la siguiente etapa estará en manos de las autoridades judiciales y fiscales. Serán ellas las que determinen cuáles de los 82 casos tienen mérito para avanzar a investigaciones formales y si existen responsabilidades individuales.
Para Restrepo, la importancia del ‘Libro de la verdad’ está precisamente en que permite dejar documentados los hallazgos de la transición y entregar esa información a las instituciones encargadas de investigar. En ese sentido, defendió nuevamente la instrucción presidencial y aseguró que el objetivo central fue conocer con precisión el estado en que se recibió el Estado y actuar frente a cualquier señal de posible corrupción.
El vicepresidente también ha insistido en que la publicación del documento no significa que la tarea haya terminado. Por el contrario, el Gobierno continuará revisando las actuaciones de las diferentes entidades y, si encuentra nuevos elementos, estos deberán ser puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes.
Así, el ‘Libro de la verdad’ se convierte en uno de los primeros grandes choques políticos y administrativos entre el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella y la anterior administración, mientras las entidades de control comienzan a revisar el contenido de un informe que reúne 82 casos y nueve patrones de comportamiento identificados durante el proceso de transición.
