La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, y la citó a indagatoria para que explique su participación en un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, un procedimiento que terminó con la incautación de un arma de fuego y que estuvo relacionado con información entregada por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.
El alto tribunal investiga a la congresista por el presunto delito de abuso de función pública y busca establecer si su actuación durante la diligencia se mantuvo dentro de las funciones que le habían sido asignadas por el Gobierno Nacional o si, por el contrario, habría excedido sus competencias.
Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el 10 de julio de 2025, cuando Zuleta ingresó a La Picota acompañando a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía durante un procedimiento de registro en el pabellón de extraditables. La diligencia se realizó después de que ‘Pipe Tuluá’ entregara información sobre la ubicación de un arma que, según esa versión, sería utilizada para atentar contra otro privado de la libertad.
Durante el operativo, los investigadores encontraron una pistola Glock de 9 milímetros y munición escondidas entre unas cajas con adornos navideños. El hallazgo quedó incorporado a la investigación de la Fiscalía sobre el supuesto plan para asesinar a alias ‘Araña’, señalado integrante de los Comandos de la Frontera.
La presencia de Zuleta en el procedimiento es precisamente uno de los puntos que ahora deberá esclarecer la Corte Suprema. El tribunal pretende determinar si su participación fue únicamente de acompañamiento y observación, como se ha sostenido, o si tuvo algún grado de intervención en una diligencia que estaba a cargo de las autoridades judiciales.
La investigación está directamente relacionada con el papel que desempeñaba la senadora durante el Gobierno de Gustavo Petro. Zuleta había sido designada como coordinadora del Ejecutivo en el Espacio de Conversación Sociojurídico con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, dentro de la estrategia de paz urbana impulsada por la denominada política de paz total.
Según la Corte, la pregunta central consiste en establecer si las actuaciones de la congresista en La Picota estaban amparadas por las resoluciones que definieron sus funciones como delegada del Gobierno. El alto tribunal deberá determinar, a partir de los elementos recopilados, si existió una extralimitación que pueda configurar el delito investigado.
El caso ya había generado una actuación preliminar. En diciembre de 2025, la Corte Suprema abrió una indagación previa para revisar la participación de Zuleta en el procedimiento penitenciario. Posteriormente, la congresista fue citada a rendir versión libre, diligencia que terminó aplazándose. Con la decisión adoptada este 21 de agosto de 2026, el expediente entra ahora en una etapa de investigación formal.
La indagatoria permitirá que la senadora entregue directamente su versión de los hechos, explique las razones por las cuales acudió al centro penitenciario y precise cuáles eran las instrucciones y competencias que tenía como delegada del Gobierno para los procesos de diálogo con organizaciones criminales.
El episodio ocurrió en medio de los acercamientos que la administración Petro mantenía con estructuras delincuenciales en el marco de la paz urbana. En ese contexto, ‘Pipe Tuluá’, señalado cabecilla de la organización criminal La Inmaculada, había buscado presentarse como un actor con capacidad para suministrar información y facilitar acciones relacionadas con esos procesos.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la información suministrada por el privado de la libertad permitió a la Fiscalía conocer la posible existencia de un arma dentro de La Picota. Con esos datos se adelantó el procedimiento que terminó con el hallazgo del arma.
La controversia aumentó debido a que Zuleta estuvo presente durante la diligencia. La Corte busca establecer ahora cuál fue exactamente su papel y si las funciones asignadas por el Ejecutivo le permitían participar en una actuación de estas características.
El proceso no implica, por ahora, una declaración de responsabilidad contra la senadora. La investigación deberá avanzar con la práctica y valoración de pruebas y con la versión que entregue la congresista en la indagatoria. Será posteriormente la Sala de Instrucción la que determine si existen elementos suficientes para adoptar nuevas decisiones dentro del expediente.
El caso también cobra relevancia por el posterior destino de ‘Pipe Tuluá’. El señalado cabecilla fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2026, donde enfrenta requerimientos relacionados con delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.
La decisión de la Corte vuelve a poner bajo la lupa la actuación de funcionarios y delegados que participaron en los acercamientos con organizaciones criminales durante la administración anterior y plantea interrogantes sobre los límites entre las labores de interlocución política y las actuaciones reservadas a autoridades judiciales y penitenciarias.
Ahora, la atención estará puesta en la fecha de la indagatoria y en las explicaciones que Isabel Zuleta entregue ante el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala Especial de Instrucción, quien tendrá a su cargo escuchar a la congresista y continuar con el desarrollo de la investigación.
