Hace unos días el presidente de la Cámara, David Racero, publicó un trino que desató el rechazo de todo el sector salud y buena parte del país político por una exageración en el debate sobre la salud.
“Así como se comprende que privatizar la seguridad, contratando mercenarios a lo Wagner, es mal negocio, también, se entenderá que la misma perversión y riesgo social, la privatización de la salud”, escribió Racero.
Tras la avalancha de cuestionamientos en su contra, Racero publicó otro trino justificándose en su afirmación. “La conversación que se plantea es que la seguridad, como a salud, son derechos y deben ser provistos por el Estado. Cederlos siempre implicará un riesgo en el que los intereses privados pueden llegar a privilegiar los propios beneficios sobre el interés general o de los más vulnerables”.
“Le pedimos respeto al presidente de la Cámara y que pueda haber un tono de conciliación para escuchar los resultados de las EPS en el sistema de salud”, dijo Paula Acosta, la presidenta de Acemi.
El trino nuevo no fue una corrección o una disculpa. Lejos de eso, el congresista se ratificó. Sin embargo, Racero tiene un problema en la aproximación a la reforma. José Luis Mayorca Castilla, no solo fue uno de los dueños de la EPS Medimás, no solo fue el dueño del Centro Nacional de Oncología, y no solo es actual candidato a la Gobernación del Cesar con el apoyo de algunos sectores del Pacto Histórico.
Mayorca es su tío, pero no solo es su tío. En las reuniones previas de alto Gobierno sobre la conciliación de la reforma a la Salud, Mayorca estuvo presente en la mesa central al lado de la exministra Carolina Corcho y el propio presidente de la Cámara, mientras se debatían detalles técnicos con los presidentes de los partidos.
Esas reuniones nunca tuvieron éxito, los partidos Conservador y La U se distanciaron, causaron una hecatombe en el Gobierno y el origen de la crisis que le hizo perder al presidente gobernabilidad y la coalición. Pero nunca quedó claro por qué el tío del representante Racero estaba en esa reunión, quién lo llevó y bajo qué intereses.
Según el testimonio de varios médicos oncólogos que trabajaron para el Centro Nacional de Oncología, también liquidado, y del que Mayorca era dueño, las deudas superan los 400 millones de pesos.
