Entre los señalados se encuentran nueve exintegrantes del Ejército Nacional, dos exmiembros de la Policía y un funcionario que para la época hacía parte del área de seguridad de Ecopetrol.
De acuerdo con la JEP, las actuaciones investigadas están relacionadas con la incursión y consolidación del control paramilitar en Barrancabermeja durante ese periodo, uno de los episodios más graves de violencia registrados en el Magdalena Medio.
La imputación busca establecer las responsabilidades individuales que habrían tenido los comparecientes en los hechos y determinar su eventual participación, colaboración o tolerancia frente a las estructuras paramilitares que operaron en la región.
El proceso hace parte de las investigaciones adelantadas por la JEP para esclarecer patrones de violencia, alianzas y posibles niveles de responsabilidad de agentes del Estado y otros actores durante el conflicto armado colombiano.
Con esta decisión, los comparecientes tendrán que responder dentro del procedimiento judicial transicional por las conductas que les atribuye la jurisdicción. La imputación, por sí sola, no constituye una condena y las responsabilidades deberán definirse conforme avance el proceso.
La toma paramilitar de Barrancabermeja dejó un amplio registro de homicidios, desapariciones, desplazamientos y otras graves violaciones de derechos humanos, hechos que ahora son objeto de esclarecimiento ante la justicia transicional.
