La creciente violencia en el Cauca volvió a convertirse en escenario de confrontación política entre el petrismo y el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Mientras el departamento continúa enfrentando el accionar de grupos armados ilegales, el expresidente Gustavo Petro y la exvicepresidenta Francia Márquez salieron a cuestionar la situación y a exigir respuestas a la nueva administración.
El pronunciamiento de ambos dirigentes se produjo tras el asesinato de los líderes indígenas María Ovidia Palechor y James Flor, ocurrido en el municipio de Cajibío. Los dos fueron señalados como víctimas de un ataque atribuido, de manera preliminar, a estructuras armadas ilegales.
Francia Márquez expresó públicamente su rechazo por los hechos y pidió que se esclarezcan las circunstancias del doble homicidio.
“Rechazo y condeno el asesinato de la lideresa indígena María Ovidia Palechor y su compañero, el líder James Flor”, manifestó la exvicepresidenta, quien aseguró que estos hechos enlutan al departamento y a las organizaciones sociales que defendieron durante años la vida y los derechos de las comunidades.
Petro también se pronunció sobre el crimen. El exmandatario aseguró que las víctimas eran líderes sociales, campesinos y comunitarios con quienes tenía una relación cercana, y sostuvo que en la región se estaría configurando un nuevo fenómeno de violencia paramilitar.
El expresidente fue más allá y lanzó una advertencia directa contra el actual jefe de Estado. Petro afirmó que interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional relacionada con lo que calificó como una eventual persecución contra un sector civil identificado políticamente.
Sus declaraciones abrieron nuevamente la discusión sobre la responsabilidad de los diferentes gobiernos frente a la crisis de seguridad que durante años ha afectado al Cauca.
Precisamente, sectores críticos del petrismo cuestionan que quienes ahora reclaman acciones al Gobierno De La Espriella estuvieron durante cuatro años al frente del Ejecutivo nacional, periodo en el que también persistieron los asesinatos de líderes sociales, las masacres, los desplazamientos y la expansión territorial de organizaciones armadas.
De acuerdo con las cifras citadas en el debate político, con corte al 5 de agosto se contabilizaban 88 líderes asesinados, 78 masacres y seis firmantes del acuerdo de paz asesinados en el departamento.
Uno de los principales puntos de discusión es la denominada política de “paz total” implementada durante la administración Petro. Sus defensores sostienen que buscaba abrir canales de negociación con diferentes organizaciones armadas, mientras sus críticos consideran que la estrategia terminó permitiendo que algunas estructuras ilegales fortalecieran su presencia territorial y capacidad militar.
La situación actual del Cauca, sin embargo, representa un desafío que trasciende al actual Gobierno. El departamento mantiene una fuerte presencia de organizaciones armadas ilegales y enfrenta problemas relacionados con narcotráfico, control territorial, cultivos ilícitos, extorsiones y ataques contra comunidades.
El nuevo Gobierno ha planteado una política de seguridad basada en una mayor presión militar y policial contra las estructuras criminales. De La Espriella ha reiterado que su administración no permitirá que los grupos armados consoliden territorios bajo su control y ha defendido una respuesta contundente de la Fuerza Pública.
El cruce de declaraciones entre el actual Gobierno y el petrismo evidencia que la crisis de seguridad del Cauca no solo se mantiene como una de las principales preocupaciones de las comunidades, sino que también se ha convertido en un nuevo frente de confrontación política.
Mientras Petro y Márquez exigen resultados y cuestionan las actuaciones de la administración actual, desde sectores opositores les recuerdan que buena parte de los problemas que enfrenta hoy el departamento ya estaban presentes durante el cuatrienio anterior y que la estrategia de paz implementada entonces tampoco logró contener la violencia.
El reto para el Gobierno De La Espriella será demostrar si su estrategia de seguridad consigue modificar la situación en el territorio, recuperar el control estatal y reducir los ataques contra las comunidades, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
