La exsenadora y sobreviviente de secuestro Ingrid Betancourt volvió a cuestionar duramente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que el tribunal no ha cumplido con las expectativas que tenían las víctimas del conflicto armado.
En entrevista con La FM, Betancourt manifestó que la JEP debería desaparecer y ser reemplazada por un esquema de justicia que, según su propuesta, permita trasladar los procesos correspondientes a la justicia ordinaria. Su principal argumento es que, a su juicio, la jurisdicción terminó protegiendo a los victimarios en lugar de poner a las víctimas en el centro del proceso.
La dirigente política aseguró que respaldó inicialmente el proceso de paz porque esperaba que este garantizara verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, afirmó que esos objetivos no se han cumplido de la manera esperada.
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con las versiones entregadas por antiguos integrantes de las FARC durante las audiencias de la JEP. Betancourt sostuvo que algunas de esas declaraciones no corresponden con las experiencias vividas por quienes permanecieron secuestrados durante años.
Como ejemplo, recordó las versiones relacionadas con las condiciones de alimentación durante el cautiverio y cuestionó declaraciones atribuidas a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.
Betancourt relató que durante sus años de secuestro la alimentación de los retenidos estaba marcada principalmente por productos básicos como arroz y lentejas, mientras que, según su testimonio, los guerrilleros tenían acceso a otros alimentos.
“Ellos son multimillonarios y nosotros somos multipobres”, afirmó al comparar, según su percepción, los beneficios que han recibido antiguos integrantes de las FARC con la situación que todavía enfrentan algunas de sus víctimas.
“Se volvieron protectores de los victimarios”
La exsenadora también criticó la manera como, según dijo, se han desarrollado algunas audiencias de la JEP.
Betancourt aseguró que percibió una cercanía particular entre algunos magistrados y los antiguos integrantes de la guerrilla, una situación que interpretó como una actitud de protección hacia los comparecientes.
Su posición coincide con críticas que ha venido expresando frente a las sanciones y decisiones adoptadas por la JEP en el caso relacionado con la política de secuestro de las extintas FARC. En julio de 2026, Betancourt ya había cuestionado la participación de las víctimas en la definición de las sanciones impuestas al antiguo Secretariado.
Reparación, beneficios y el reclamo de las víctimas
Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue la reparación.
Betancourt cuestionó que antiguos miembros de las FARC hayan accedido a beneficios derivados del acuerdo de paz mientras, según sostuvo, todavía existen dudas sobre la entrega completa de bienes destinados a reparar a las víctimas.
También recordó las críticas que recibió cuando reclamó una reparación económica por los daños sufridos durante su secuestro y señaló que, en aquel momento, fue cuestionada por quienes consideraban que pretendía beneficiarse económicamente de su condición de víctima.
Para Betancourt, existe una diferencia entre el trato recibido por quienes sufrieron directamente el secuestro y las condiciones que han tenido algunos exintegrantes de la guerrilla después de la firma del acuerdo de paz.
La discusión se produce mientras la JEP continúa desarrollando procesos relacionados con graves crímenes cometidos durante el conflicto. Precisamente, el Caso 01, relacionado con la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP, continúa siendo objeto de decisiones y análisis dentro de la jurisdicción.
Las declaraciones de Betancourt reavivan así uno de los debates más sensibles alrededor del modelo de justicia transicional: si las decisiones adoptadas por la JEP han logrado equilibrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con los beneficios otorgados a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto.
Por ahora, la exsenadora mantiene su postura: considera que la JEP se apartó de su propósito inicial y que debe desaparecer para dar paso a otro modelo de justicia para los casos relacionados con el conflicto armado.
