La decisión de la Contraloría General de la República de establecer nuevas actividades antes de publicar el cronograma para continuar su concurso de méritos generó cuestionamientos entre quienes siguen de cerca el proceso, luego de que un juez ordenara reanudarlo.
Aunque la entidad anunció que dará cumplimiento a la orden judicial, el cronograma divulgado establece que las fechas para retomar las etapas pendientes no serán publicadas sino hasta el próximo 30 de octubre, situación que ha despertado dudas sobre si realmente se está dando cumplimiento a lo ordenado por el despacho judicial.
El concurso, mediante el cual se busca proveer 3.144 cargos de carrera administrativa, permanecía suspendido desde el pasado 18 de septiembre. La decisión judicial ordenó su reanudación y generó expectativa entre los miles de aspirantes que participan en el proceso.
Sin embargo, en lugar de retomar directamente la etapa en la que quedó suspendido, la Contraloría anunció una serie de actuaciones previas.
La primera será una caracterización de los aspirantes afectados por el terremoto registrado en agosto, proceso que se desarrollará entre el 8 y el 20 de octubre.
Posteriormente, entre el 21 y el 23 de octubre, se realizará una mesa técnica destinada a ajustar el cronograma. Después deberá reunirse el Consejo Superior de la Carrera Administrativa, entre el 26 y el 28 de octubre, para aprobar las nuevas fechas.
Solo después de estas actuaciones está prevista la publicación del cronograma, el 30 de octubre.
El punto central de la controversia está en que, según los cuestionamientos formulados al proceso, el juez había ordenado reanudar el concurso dentro de un plazo de 48 horas y continuar desde la etapa en la que había quedado suspendido.
En ese momento, el concurso se encontraba en el análisis de antecedentes y la posterior consolidación de resultados, actividades que debían ser desarrolladas por la Universidad de Antioquia y que, según los observadores, no requerían una nueva participación de los concursantes.
¿A quién beneficia el retraso?
La discusión adquiere especial importancia por la situación de los funcionarios que actualmente ocupan cargos en provisionalidad dentro de la Contraloría.
Según los cuestionamientos conocidos, serían más de 3.000 funcionarios provisionales los que podrían verse favorecidos por una eventual prolongación de los tiempos del concurso.
El argumento de quienes advierten sobre esta posibilidad es que los contratos de estos trabajadores vencen el próximo 30 de noviembre. Bajo el cronograma inicialmente previsto, las listas de elegibles debían comenzar a conocerse posteriormente, lo que permitiría que los cargos fueran ocupados por quienes ganaron el concurso.
Pero si las listas se retrasan hasta 2027, los actuales provisionales podrían permanecer temporalmente en sus puestos, incluso mediante nuevas vinculaciones, según las condiciones jurídicas aplicables.
Los críticos del manejo del concurso califican esta situación como un posible aplazamiento encubierto, aunque se trata de una interpretación de quienes cuestionan el procedimiento y no de una conclusión judicial sobre las actuaciones de la Contraloría.
El concurso vuelve a quedar bajo la lupa
La controversia deja abiertas varias preguntas: ¿por qué se requieren nuevas etapas si el juez ordenó reanudar el concurso? ¿Era necesario esperar hasta finales de octubre para publicar un nuevo cronograma? ¿Qué ocurrirá con los más de 3.000 funcionarios provisionales cuando venzan sus actuales vinculaciones?
Mientras los aspirantes esperan conocer cuándo continuará oficialmente el proceso, la Contraloría deberá explicar con claridad cómo sus nuevas actuaciones se ajustan a la orden judicial y cuál será el calendario definitivo para llegar a la publicación de las listas de elegibles.
Por ahora, la promesa de reactivar el concurso enfrenta una nueva prueba: demostrar que el proceso de selección por mérito no terminará convertido en otro capítulo de aplazamientos.
