La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a penas que oscilan entre los 16 y los 24 años de prisión a tres de los implicados en el escándalo del ‘carrusel de la salud’ y les impuso una ‘inhabilidad perpetua’ para evitar que puedan volver a contratar con el Estado.
Dentro de este caso fueron condenados Claudia Patricia Rojas Puerta ex coordinadora del grupo de recobros de Ministerio de Protección; Luis Andrés Ruíz Martínez, exdirector de Sistemas de MinProtección; y al particular Edgar Isaías Medina Millán, por el delito de peculado por apropiación agravado, como cerebros de este escándalo de corrupción que fue denunciado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
A los tres condenados se les halló culpables del proceso que se adelantó por la defraudación del sistema de salud mediante comisiones por casi 11 mil recobros tramitados irregularmente y hasta a nombre de personas fallecidas, entre otros procedimientos ilícitos, entre 2009 y 2010.
Los magistrados revocaron integralmente la sentencia, del 17 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
Las investigaciones, coordinadas en su momento por el fiscal especializado Mario Montes, evidenciaron que esta red se dedicaba a alterar los procesos de solicitud de recobro, con el fin de quedarse con parte o la totalidad de los dineros exigidas por las Empresas Promotoras de Salud (EPS), frente a los servicios que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que debían ser financiados por el Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga.
En el fallo también se condenó a los implicados al pago de multas que oscilan entre los 7 mil y los 16 mil millones de pesos.
En la sentencia del Tribunal se destaca la decisión de “Imponer a Claudia Patricia Rojas Puerta, Luis Andrés Ruíz Martínez y Edgar Isaías Medina Millán la inhabilitación perpetua para ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, elegidos o designados como servidores públicos y celebrar directamente o por interpuesta persona contratos con el Estado, por haber atentado dolosamente contra el patrimonio público”.
Fuentes cercanas a este proceso señalaron que esta condena marca un precedente importante en materia judicial para evitar que se repitan casos como el de Emilio Tapia quien fue condenado por el carrusel de los contratos en Bogotá y terminó años después, nuevamente implicado en el escándalo de contratación de la Unión Temporal de Centros Poblados y Mintic.
Ante la gravedad de los hechos, los magistrados del tribunal también le negaron el beneficio de la prisión domiciliaria y de la libertad condicional y advirtieron que una vez quede en firme esta decisión se librarán las órdenes de captura para que cumplan la condena en prisión.
El Tribunal Superior de Bogotá también hizo un llamado a las víctimas de este escándalo de corrupción sobre la posibilidad que tienen de promover el incidente de reparación integral para que se les indemnice por el daño causado.
Contra esta decisión cabe el recurso extraordinario de casación e impugnación especial de primera condena emitida en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia.
En su oportunidad, otros dos implicados con esta red de corrupción se acogieron a sentencia anticipada por estos graves hechos.
