La medida adopta el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas e incluye facultades especiales para realizar traslados presupuestales destinados a atender la emergencia por el terremoto en el occidente del país.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1599 de 2026 firmado por el Ministerio de Hacienda, formalizó la expedición del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2027, fijado en un monto total de $634,9 billones de pesos.
La determinación se tomó en aplicación del artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, luego de que venciera el plazo constitucional del 20 de octubre sin que el Congreso de la República lograra conciliar los textos aprobados de forma disímil entre el Senado y la Cámara de Representantes. En consecuencia, la norma rige con la estructura y adiciones acordadas en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.
Distribución por sectores y partidas sacrificadas
Dentro de los rubros asignados a las carteras estratégicas destacan Educación con $93 billones, Salud y Protección Social con $81,56 billones (que incluyó una adición de $2 billones aprobada en el primer trámite), Defensa y Policía con $74,90 billones, Trabajo con $67,42 billones (destinados principalmente a cubrir obligaciones pensionales), Transporte con $21,67 billones y Minas y Energía con $7,51 billones.
Al haberse expedido con base en el texto de primer debate, quedaron por fuera las adiciones que se habían proyectado para la segunda plenaria. Entre los recursos no consolidados figuran:
$3 billones adicionales para el aseguramiento en el sistema de salud.
$3 billones previstos para subsidios de tarifas de energía eléctrica y gas social.
$100.000 millones proyectados para la compensación de tasas de interés del Icetex.
$7.000 millones destinados a ampliar coberturas en programas de transferencias monetarias (Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven).
Mensaje de tranquilidad fiscal e instrumentos de emergencia
Frente a la adopción del presupuesto por vía ejecutiva, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo que este decreto constituye un «presupuesto de la verdad» que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las obligaciones del Estado, enviando un mensaje de certidumbre a la banca internacional, tenedores de bonos e inversionistas.
Asimismo, la normativa otorga facultades al Ejecutivo para reorientar partidas presupuestales de manera ágil con el propósito de financiar las obras de reconstrucción y atención humanitaria en las zonas devastadas por el reciente terremoto.
