Mientras tanto, Pedro Castillo pide a la CIDH que interceda por sus derechos.
El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en todo el país, por un lapso de 30 días, debido a las protestas que tienen lugar en varias regiones.
El ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, indicó que la medida, que previamente había sido declarada en algunas regiones del país, se decidió en sesión de Consejo de Ministros.
«Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todos el país, eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos», dijo Otárola en declaraciones a la prensa.
El funcionario dijo que, aunque esos actos «se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas», requieren «una respuesta contundente y de autoridad de parte del Gobierno».
Otárola explicó que esta declaratoria de estado de emergencia nacional «significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales».
«El ejercicio de estos derechos y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el Gobierno, para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero controlemos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos», añadió el ministro.
Otárola también dijo posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, que con esta medida buscan «garantizar el orden, la continuidad de actividades económicas y la protección de millones de familias».
Previamente, el estado de emergencia había sido declarado para algunas regiones específicas del país, como Arequipa, y provincias de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín y Apurímac.
Las protestas en la nación suramericana se desataron luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente, que ocurrió tras su fallido intento de disolver el Congreso el miércoles de la semana pasada.
Los manifestantes piden la liberación de Castillo, actualmente preso en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes); el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para 2023 y la renuncia de la presidenta que lo sucedió, Dina Boluarte.
Hasta ahora, estas manifestaciones han dejado un saldo de siete personas muertas.
Del total de víctimas, cinco murieron en Andahuaylas, una en la provincia apurimeña de Chinchero y otra en Arequipa.
Mientras tanto, el destituido presidente Pedro Castillo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. que interceda por sus derechos y los de su familia.
«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», escribió Castillo en una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.
En el breve mensaje manuscrito, que fue también transcrito en mensaje de Twitter, también hizo «responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país» y envió «millones de gracias» a los peruanos «por su cariño y apoyo».
La Fiscalía de Perú pidió esta madrugada 18 meses de prisión preventiva para Castillo. El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, agregó la fuente.
En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo.
La solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles, aunque esa decisión es competencia de las autoridades judiciales.
