La medida fue formalizada por el Consejo Nacional de Estupefacientes mediante una resolución expedida el 18 de agosto de 2026, con la que se autorizó una fase experimental destinada a determinar si la aplicación aérea de herbicidas puede convertirse nuevamente en una herramienta para combatir los cultivos de coca.
La estrategia no contempla, por ahora, una fumigación masiva en todo el territorio nacional. El piloto tendrá una duración operacional máxima de siete días y podrá intervenir hasta 1.000 hectáreas en una zona previamente seleccionada y cercana a una instalación de la Fuerza Pública.
El cambio más significativo está en el producto que será utilizado. A diferencia de los antiguos programas de fumigación, esta prueba no se realizará con glifosato, sino con glufosinato de amonio 200 SL, un herbicida que ya cuenta con autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para procesos de erradicación terrestre.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió la decisión y aseguró que el Gobierno pretende cumplir una de sus promesas de campaña, pero bajo las exigencias establecidas por la Corte Constitucional en materia ambiental y de protección de derechos.
La administración de De la Espriella había anunciado desde finales de agosto su intención de evaluar técnicamente la posibilidad de recuperar la aspersión aérea. Para el Ejecutivo, antes de adoptar una política de mayor alcance será necesario obtener evidencia científica sobre sus resultados y posibles impactos.
Una prueba con límites estrictos
La resolución establece que el piloto deberá desarrollarse como una operación experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable.
Las coordenadas y las rutas de vuelo permanecerán reservadas por razones de seguridad. Sin embargo, versiones conocidas por medios de comunicación apuntan a que la prueba podría realizarse en Putumayo durante la segunda semana de septiembre.
El área de intervención tampoco podrá ubicarse en cualquier lugar. La regulación excluye expresamente parques naturales y otras áreas protegidas, páramos, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, instituciones educativas y centros de salud.
También quedaron excluidos los resguardos indígenas y los territorios pertenecientes a comunidades afrodescendientes cuando no exista el respectivo proceso de consulta previa.
La operación estará a cargo de aeronaves tripuladas de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), que asumirá la planeación, supervisión, ejecución y los costos logísticos de la intervención.
Además, las aeronaves deberán suspender las actividades si se presentan condiciones que puedan incrementar el riesgo de dispersión del herbicida. Entre las situaciones contempladas están las lluvias, inversiones térmicas, pérdida de trazabilidad, fallas operativas o cualquier circunstancia que pueda aumentar la deriva del producto.
¿Por qué no utilizar glifosato?
Uno de los principales interrogantes alrededor de la nueva estrategia tiene que ver precisamente con el cambio de herbicida.
El Gobierno decidió utilizar glufosinato de amonio 200 SL en esta fase experimental, pese a que el glifosato fue durante años el producto utilizado en las campañas de aspersión aérea contra los cultivos de coca.
De acuerdo con la clasificación citada en la resolución, el glufosinato de amonio está ubicado por la Organización Mundial de la Salud en la categoría II, correspondiente a sustancias consideradas moderadamente peligrosas, mientras que el glifosato figura en la categoría III, catalogada como ligeramente peligrosa.
Por eso, la prueba no solo pretende establecer qué tan efectiva resulta la aspersión aérea para eliminar los cultivos, sino también determinar cuáles son sus posibles efectos ambientales y sanitarios cuando el producto es aplicado desde aeronaves.
El verdadero examen llegará después de la fumigación
Los siete días de operación y las 1.000 hectáreas autorizadas representan apenas la primera parte del experimento.
Una vez finalice la intervención, la Anla y el Instituto Nacional de Salud (INS) tendrán un plazo máximo de 60 días para elaborar un informe técnico definitivo y presentarlo al Consejo Nacional de Estupefacientes.
Ese documento será fundamental para determinar si existen elementos suficientes para considerar una eventual ampliación de la estrategia.
Por ahora, por tanto, no existe una autorización para fumigar las cientos de miles de hectáreas de coca que existen en Colombia. El objetivo de las 330.000 hectáreas aparece como una meta de largo alcance de la política antidrogas del Gobierno, pero el primer paso será evaluar los resultados de este ensayo de apenas 1.000 hectáreas.
La Corte Constitucional fijó las condiciones
El regreso de la aspersión aérea también deberá superar el marco establecido por la Corte Constitucional.
En la sentencia T-236 de 2017, el alto tribunal ordenó no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea (PECIG) mientras no se cumplieran determinadas condiciones.
Esto no significó una prohibición absoluta y permanente de cualquier mecanismo de aspersión, pero sí estableció exigencias para una eventual reactivación.
Entre ellas se encuentran la evaluación permanente de los riesgos, la participación de organismos independientes del ejecutor y la existencia de estudios científicos rigurosos e imparciales.
El proceso también requiere conceptos y autorizaciones de entidades como el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Aeronáutica Civil y la Anla, según corresponda.
El Gobierno, en consecuencia, enfrenta ahora el desafío de demostrar que la nueva fórmula cumple con las exigencias judiciales, ambientales y sanitarias antes de convertir el piloto en una política de alcance nacional.
La gran pregunta será si el experimento logra demostrar que la aspersión aérea con glufosinato de amonio puede convertirse en una herramienta efectiva contra la expansión de los cultivos de coca sin repetir los cuestionamientos ambientales, sanitarios y jurídicos que marcaron la historia de la fumigación aérea en Colombia.
