Durante su intervención ante las comisiones económicas del Congreso, la funcionaria cuestionó el volumen de contratistas que actualmente tiene el Ministerio y aseguró que existen casos que, según la información que recibió, generan interrogantes sobre la prestación efectiva de los servicios contratados.
“En el Ministerio de Trabajo hay contratistas que reciben sueldo y ni siquiera están en el país”, afirmó López durante la discusión presupuestal.
La ministra explicó que actualmente la entidad cuenta con alrededor de 1.000 contratistas con contratos vigentes hasta el 31 de diciembre, además de 2.272 funcionarios de planta. De estos últimos, 103 corresponden a cargos de libre nombramiento y remoción.
López calificó como excesivos algunos de los gastos asociados al personal y planteó la necesidad de revisar cómo están siendo utilizados los recursos públicos, especialmente en una entidad cuya principal bandera es precisamente avanzar en la formalización y protección del empleo.
La funcionaria señaló que para 2027 los recursos destinados a gastos de personal están cubiertos en su totalidad y ascienden a aproximadamente $295.000 millones.
Sin embargo, advirtió que el presupuesto general de la cartera ya se encuentra comprometido en cerca del 98 %, situación que reduce considerablemente el margen disponible para nuevas inversiones. Aun así, indicó que existe una partida destinada a financiar 22 proyectos.
El Ministerio de Trabajo tiene para 2027 una asignación de $66,9 billones. La mayor parte de estos recursos, unos $58,17 billones, está destinada al sistema público de pensiones administrado por Colpensiones.
Uno de los principales problemas expuestos por la ministra está precisamente en ese componente pensional. Según las cifras presentadas durante el debate, existe un déficit de aproximadamente $4,85 billones que deberá ser atendido dentro de la estructura presupuestal.
Las declaraciones de López abren además un debate sobre los mecanismos de supervisión de los contratos estatales. Si existen contratistas que efectivamente permanecen fuera del país mientras continúan recibiendo pagos públicos, como afirmó la ministra, será necesario establecer cuántos casos corresponden a esa situación, qué obligaciones contractuales tenían y quién estaba encargado de verificar el cumplimiento de sus funciones.
El señalamiento se produjo en una semana clave para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, mientras el Congreso analiza un presupuesto de $635 billones para 2027 y los diferentes ministros sustentan las necesidades de recursos de sus respectivas carteras.
Más allá de las cifras, la afirmación de la ministra deja una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto dinero público podría estar destinándose a contratos cuyo cumplimiento no estaría siendo verificado de manera adecuada?
