l gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó un fuerte rechazo a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender órdenes de captura contra cabecillas del crimen organizado en Medellín y el área metropolitana.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario regional dirigió un mensaje directo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el que pidió revertir la medida, argumentando que representa un grave riesgo para la seguridad del departamento.
En su pronunciamiento, el gobernador aseguró que la decisión constituye “una afrenta” contra Antioquia y advirtió que podría fortalecer las estructuras criminales que operan en la región.
Según Rendón, estos cabecillas tendrían influencia sobre más de 1.200 combos criminales, lo que, a su juicio, agrava el impacto de la suspensión de las órdenes de captura.
“El levantamiento de estas medidas es una autopista para el crimen”, señaló, al tiempo que expresó preocupación por las consecuencias en materia de seguridad ciudadana.
Advertencias sobre riesgos institucionales
El mandatario también alertó que esta decisión podría poner en riesgo procesos democráticos y a funcionarios del sistema judicial. En su mensaje, indicó que la medida podría afectar la seguridad de jueces, fiscales, policías y comunidades, así como generar incertidumbre de cara a futuras elecciones.
Además, cuestionó que la justicia pueda estar siendo utilizada en favor de estructuras criminales, haciendo referencia a grupos armados ilegales y a dinámicas de negociación en el marco de políticas de paz.
Fiscal Luz Adriana Camargo @FiscaliaCol , en nombre de los Antioqueños, de las víctimas de la violencia, de los comerciantes extorsionados, de las familias desplazadas, de las mamás que pierden a sus hijos en las drogas, de los desaparecidos, le pedimos reverse esa decisión que… pic.twitter.com/MHCZrrvZXd
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 31, 2026
Las declaraciones del gobernador se dan en medio de un creciente debate nacional por la suspensión de órdenes de captura contra líderes criminales, una medida que el Gobierno ha defendido como parte de estrategias para facilitar procesos de diálogo y sometimiento.
Sin embargo, desde sectores regionales y políticos se han elevado críticas por el posible impacto en la seguridad y la percepción de impunidad.
Por ahora, la controversia continúa escalando, evidenciando la tensión entre las políticas de paz del Gobierno Nacional y las preocupaciones de autoridades locales frente al control del orden público.
